Maritza Garrido Lecca, exintegrante de Sendero Luminoso, capturada junto a los cabecillas de la organización subversiva más perversa que ha existido en el Perú, ha cumplido su condena y ha salido en libertad. Garrido Lecca es una de las sentenciados por terrorismo que ya han salido en libertad ante el cumplimiento de su pena. Sin embargo, los medios de información le han dado especial cobertura a su caso y han puesto en sus agendas el tema del terrorismo, activando las alarmas por la salida de varios subversivos.
No está mal que los medios pongan el tema en debate, el asunto es que el encuadre de la noticia no genera análisis ni reflexión sobre las complejidades de esta época de violencia. La mayoría de medios ha enfocado esta noticia como una nota de páginas sociales, han hablado de la “terruca pituca”, de la joven de buena familia, de su hogar católico, etc.
No está mal que los medios hablen sobre la violencia desatada por SL y la condenen, sin embargo, han pasado 25 años desde la captura de sus principales mandos y lo que menos han hecho los medios ha sido contribuir a una cultura de paz; por el contrario, han hecho del crimen y el morbo sus ingredientes principales, han construido relatos que normalizan la violencia, no han cuestionado sus causas, han sido eco de políticas represivas, han aplaudido la criminalización del derecho a la protesta, la tinta roja ha sido su estilo todos estos años.
No está mal que los medios se indignen porque los jóvenes no tienen memoria, pero qué han hecho por la verdad y la reconciliación, cuántos programas han dedicado a difundir estos episodios, a señalar a los culpables de todos los lados, por qué les cuesta hablar de terrorismo de Estado o por qué el Perú no conoce a Mamá Angélica como conoce a los “chicos reality”.
No está mal que los medios se indignen porque los condenados por terrorismo salen en libertad sin pagar la reparación civil, pero estaría mejor si también informan con la misma indignación que Fujimori, Montesinos y otros cómplices del fujimorato tampoco han pagado un sol de los mil 400 millones que le deben al Estado.
No está mal que los medios publiquen reportajes, de vez en cuando, de las víctimas de la violencia armada; sin embargo, deben reconocer que la mayor parte de ellas han sido personas campesinas, indígenas, pobres que siguen viviendo con el estigma abusivo de “terrucos” y que cada vez que dan cabida a estas expresiones también se les violenta, como es violencia la representación estereotipada de la mujer campesina, del hombre afrodescendiente, del indígena que defiende sus territorios y al que llaman “salvaje” en sus programas y noticieros.
No está mal que los medios se alarmen por una posible reorganización de SL, pero estaría mejor que también se alarmen por las inequidades, por las brechas socioeconómicas y por la corrupción que persisten luego de 17 años de democracia.
Hago esta reflexión como comunicadora y como ciudadana, desde el entendimiento que los medios de información, especialmente los que usan el espectro radioeléctrico (bien público del Estado), tienen el deber de contribuir al fortalecimiento de la democracia y a la promoción de los derechos humanos. No sólo les corresponde el papel de jueces, también tienen responsabilidades que han eludido, de cierta manera, con nuestra complicidad.