Fecha: 6 de septiembre, 2017 - 4:35 am

Pondrán fin a recursos de hábeas corpus y acciones de amparo


El proyecto de ley que propone poner fin al ejercicio abusivo de las demandas de hábeas corpus o acciones de amparo en juzgados ajenos a la jurisdicción donde ocurre la presunta afectación del derecho, fue analizada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el congresista Alberto de Belaunde (PPK).

Fue en la sesión que realizó ese grupo de trabajo con la presencia del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, quien sustentó, principalmente, la propuesta que pretende poner freno a diferentes implicados en actos de corrupción.

La iniciativa propone modificar los artículos 28 y 51 del Código Procesal Constitucional en los procesos de hábeas corpus y de amparo.

En ese sentido, dijo, se plantea establecer como único juez competente en las acciones de amparo y hábeas corpus, quien ejerce en el lugar donde se afectó el derecho. Puntualizó que el caso del hábeas corpus será de competencia del magistrado donde se produce la amenaza o afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos.

Explicó que sobre las demandas de hábeas corpus de amparo contra resoluciones judiciales se plantea que la sala superior resuelva en primera instancia y en la Corte Suprema en segunda instancia.

El titular de la Corte Suprema indicó que la iniciativa también propone modificar los artículos 27 y 42 del Código Procesal Constitucional para permitir la sustentación de demandas constitucionales en idiomas o lenguas nativas.
“Hay que indicar que la flexibilización de la competencia en los procesos de hábeas corpus ha generado el incremento de la judicialización de los conflictos p controversias constitucionales en el país, lo que significaría un ascenso significativo de la carga procesal”, anotó.

Agregó que este fenómeno se observa que entre el período 2015 y lo que va del año 2017, hubo un incremento de un 80% o más del total de la carga de los procesos constitucionales a nivel nacional, lo que implica que los recursos humanos y materiales de dichos órganos jurisdiccionales se deriven para la atención de las causas.

Antes de la exposición del presidente de la Corte Suprema, la Comisión de Justicia aprobó, con cargo a redacción, el plan de trabajo que cumplirá en la legislatura 2017-2018. También dejó pendiente el debate del proyecto de ley que propone modificar el Código Procesal Penal que formula reformar la convalidación de la detención en flagrancia delictiva.