¿Qué está pasando con los legisladores que han elaborado el proyecto de ley electoral?, ¿porque se ha optado por mantener la altísima barrera del 4% de los electores para inscribir un nuevo partido?, ¿porque no hay contundencia sobre la obligatoriedad de las elecciones internas de los partidos debidamente supervisados?, ¿por qué se sigue manteniendo el voto preferencial, y no se atreven a incorporar la bicameralidad?, si esto es así, ¿podemos estar efectivamente ante una reforma?
Las elecciones pasadas evidenciarón carencias, limitaciones y vicios de nuestra dispersa normatividad en materia electoral, a tal punto que el país parecía asitir a una suerte de telenovea en la que cada día nuevas sorpresas aparecian, como por ejemplo el caso Julio Guzman, a tal punto que incluso estabamos ante dos leyes que regulaban un mismo hecho y que, como para no variar, se aplicaba con diverso estandar a cada candidado. A la candidatura de Keiko no le pasó nada con su ‘factor K’ entregando regalos, pero si le costó la candidatura a César Acuña por un similar tema de dádivas.
El tema de la reforma electoral se esta debatiendo en medio de mucho ruido mediático basicamente por el caso ‘lava jato’ que junto a los temas censuras y contrasensuras lo han colocado en un tercer o cuarto plano, eso probablemente explica los resultados de la encuesta de Ipsos Perú sobre reforma electoral que ha publicado el Diario El Comercio cuyo estudio destaca que un 48% está a favor de mantener el requisito del 4% de firmas del padrón electoral (750 mil aproximadamente) desde mi óptica la escasa discusión y la pregunta superficial condicionan este resultado, pues cuando la opinión pública conozca que lo de las firmas es superfluo, engañoso y fantasmal cambiará de opinión, pues el mismo estudio en aperente contradicción refleja que un mayoritario 66% considera que las firmas que presentan las agrupaciones para inscribirse son falsas.
Dada la superficialidad con la que se esta tocando el tema de la reforma, desde el punto de vista de la participación de la opinión pública, esta requiere de objetivo claros y una participación más amplia de los actores políticos, académicos, sociales, empresariales y de la población en general, pues de no hacerlo corremos el riezgo, como apunta Fernado Tuesta Soldevilla, que se legisle en función a ‘popularidad o impopularidad’, así el voto preferencial puede mantenerse por ser popular y rechazarse la bicameralidad por impopular, sobre estos temas desarrollaré en otro momento.
En conclusión, la reforma que en los siguientes días será debatida en la Comisión de Constitución y luego en el pleno del Parlamento, tiene que ser de fondo e integral, tenemos que conseguir una Ley Electoral que unifique toda la montaña de normas que hay hoy en día, que ponga en la agenda objetivos claros, definidos y sobre todo congruentes con los objetivos nacionales, lo que hasta hoy estamos viendo es cálculo, la lógica parece ser cambios que en la medida de lo posible afecten a los denominados partidos políticos inscritos, lamentablemente en su mayoría sólo se tratan de franquicias, una verdadera sopa de letras sin mayor representación, organización y democracia interna. Desde la opinión pública hay que prestarle la mayor atención posible para tener al fin un sistema político electoral que sea el sostén de Estado democrático que necesitamos de cara el bicentenario.