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jueves, marzo 28, 2024

Combustibles suben por regulación deficiente de OSINERGMIN

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El congresista Yonhy Lescano, miembro titular de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, declaró que el gobierno está indiferente ante el incremento continuo de los precios de los combustibles, que sólo en este último mes ha trepado 9.4%, cuando la inflación acumulada está apenas en 0.3%. Lescano dijo que hay cinco responsables de estas alzas frecuentes : Osinergmin, el gobierno central, Petroperú, Repsol y los grifos. Osinergmin, porque persiste en su absurda metodología de fijación semanal de precios de referencia que influye en la formación de precios de los combustibles; el gobierno porque sacó del Fondo de Estabilización a los gasoholes, entre ellos los más usados (los de 84 y 90 octanos); Petroperú, porque en lugar de promover la estabilidad de precios, es el primero en subirlos en sus grifos, empujando al mercado; Repsol, porque asume los precios de referencia de Osinergmin y abusa de su posición de dominio impunemente; y los grifos por su permanente conducta especulativa y sus márgenes abusivos. Lescano citó como otra de las fuentes estructurales del alza frecuente, a los Decreto de Urgencia 027-2010 y 083-2010 emitidos por el gobierno de Alan García, y que el actual gobierno se niega a derogar, que permiten incrementar el precio de los combustibles cada dos meses hasta un 7% al usuario final, lo que a su vez produce inmediatas alzas en el precio de la electricidad, las que se agravarán cuando comience la construcción del gasoducto del sur y de los poliductos, que en virtud de las dos leyes de masificación del gas y de supuesta seguridad energética implicarán un cargo en las facturas de electricidad de todos los usuarios para financiar estos proyectos, lo que conllevará a que la electricidad se incremente hasta en 10%, lo que acentuará el efecto inflacionario de las alzas de los combustibles y de la energía. El parlamentario recordó que de acuerdo al Código de Defensa del Consumidor (Ley 29571) el Estado está obligado a proteger el interés económico de los usuarios, lo que no se cumple, cuidando solamente los ingresos de las empresas a expensas de la economía de las familias.

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