Por: Silvia Quevedo
Tarapoto. Luego de la presentación del ministro de Educación, Jaime Saavedra, ante la Comisión de Educación del Congreso, donde informó sobre la adecuación de la Ley Universitaria, dio a conocer que su sector ha enviado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un comunicado anunciando la suspensión de nombramientos, ascensos y ratificación de personal docente y no docente. Según la ley, esta orden se cumplirá sobre todas las universidades públicas que no hayan cumplido íntegramente la ley, es decir, que no hayan elegido nuevas autoridades: rectores y vicerrectores y no hayan elaborado nuevo estatuto.
Ratificando lo dicho por el Ministro, la jefa de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), emitió un comunicado. Indicando además, que la negativa de algunas universidades de acatar la ley Universitaria tendrá un impacto negativo sobre la educación superior y exhorta a la comunidad universitaria a cumplir la Lay de manera estricta a fin de dar continuidad a la reforma de la educación superior universitaria.
Hay un fallo pendiente sobre una demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley, sobre el particular el Tribunal Constitucional debe pronunciarse en las próximas semanas.
Por su parte, Gabriel Alejandría, asesor legal de las nuevas autoridades universitarias, que no pueden asumir ante la negativa de la gestión de Julio Ríos, indicó que de acuerdo a lo dispuesto en la nueva Ley Universitaria, estarían cometiendo irregularidades al renovar contratos de prestación de servicio como docente universitario según Resolución N° 064-2015 del 22 de enero del año 2015, firmada por la Dra. Nelly Reátegui Lozano, vicerrectora administrativa de la rectoría de la Universidad Nacional de San Martín, por citar solo un tema.
Según la gestión Ríos Ramírez, la designación de nuevas autoridades universitarias (rector y vicerrectores) debe realizar antes que concluya el mandato de las autoridades vigentes, es decir el 30 de agosto del año 2018.
Sin embargo, de acuerdo a la primera disposición complementara transitoria de la Ley Universitaria 30220, sobre el proceso de adecuación del gobierno de la universidad pública, dice que a la entrada en vigencia de la presente ley, cesa la Asamblea Universitaria de las universidades públicas. Quedan suspendidos todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal docente y no docente hasta que asuman las nuevas autoridades de gobierno.
Es de conocimiento, que en la Universidad Nacional de San Martín, existen dos rectores, sin embargo, solo uno de ellos, Julio Ríos, ejerce funciones actualmente por temas financieros y a la espera del fallo del Tribunal Constitucional que determinará la continuidad o no de las autoridades universitarias que se resistirían a acatar la norma de la Ley Universitaria.
Por lo pronto, se espera que no se perjudiquen quienes son la razón de ser de las universidades, cientos de alumnos que lo único que buscan es calidad educativa para ser competitivos en cualquier parte del país y por qué no del mundo.