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jueves, marzo 28, 2024

Ejecutivo y Legislativo proponen ley para criminalizar el trabajo periodístico

El premier Aníbal Torres presentó propuesta para sancionar con cárcel a quienes revelen información sobre investigaciones judiciales. Desde el Congreso la propuesta también busca sancionar información de colaboradores eficaces. Según IPYS la información publicada en su mayoría provienen de fuentes confidenciales y tienen interés público. 

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció este viernes que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso que “crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal” y que en algunos casos sería sancionado con hasta 4 años de prisión efectiva, afectando la labor periodística del país. 

“La intención del gobierno afectaría todo tipo de investigaciones fiscales, lo que es a todas luces inconstitucional, y correspondería más bien a un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”, refirió el Instituto Prensa y Sociedad. 

Esta propuesta es similar a la que presentó la Comisión de Justicia encabezada por la exfiscal Gladys Echaíz (APP), donde se plantea hacer cambios en el código penal y procesal, para sancionar con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis a quien “indebidamente revele, proporcione o difunde, en todo o en parte, directa o indirectamente, la identidad de un colaborador eficaz o el contenido de sus declaraciones, en cualquier estado de la investigación o del proceso”. 

En febrero pasado, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó el proyecto de ley del Parlamento argumentando que se busca criminalizar el trabajo periodístico. Señala que la información publicada de este tipo en su mayoría proviene de fuentes confidenciales y tienen interés público, lo que protege su difusión con el derecho a la libertad de información. 

“El IPYS entiende la importancia de mantener la reserva de los procesos investigativos en la justicia, pero el eventual castigo de la violación de esta reserva debe dirigirse a quienes están obligados a protegerla y no al mensajero periodístico”, advirtió. 

El instituto también que “no se debería castigar las filtraciones, ni siquiera las interesadas o parciales, sino aquellas que generen un daño demostrable a los objetivos del proceso o la seguridad de los investigados”. 

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