El Tribunal Constitucional se ha propuesto protagonizar cuantos titulares y notas periodísticas le sea posible, y no precisamente de la mejor manera.
Claro, lo de permitir la liberación del exdictador Alberto Fujimori – validando un indulto que, a todas luces, tiene un origen innegablemente espurio – significó la cúspide de su meteórica carrera hacia la ignominia. Pero fue tan solo el corolario de una serie de fallos que los actuales magistrados – la mayoría con mandato vencido y que, al estar incompletos, cuentan con el voto dirimente de su presidente antiderechos – han emitido contraviniendo la jurisprudencia internacional e, incluso, la de su propio Tribunal.
Así, poco antes de anular una resolución de la Corte Suprema – que a su vez refrendó la anulación de una indulgencia engendrada por un negociado que mantiene al expresidente Kuczynski, a Kenji y a sus “Avengers” en medio de una investigación fiscal – los tribunos decidieron que la matanza de El Frontón no es un crimen de lesa humanidad y, lo que es peor, que la consulta previa no es un derecho fundamental que ampara a los pueblos indígenas, contradiciendo sin pudor lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la que la defensa de tal derecho es una suprema obligación de los Estados que suscribieron el Convenio 169 de la OIT que los consagra, al margen de la fecha en la que lo incorporaron a su legislación nacional.
¿Qué clase de sistema de defensa constitucional se opone frontalmente a un sistema de defensa de los derechos humanos? En pleno siglo XXI, algo tan aberrante solamente es posible en un remedo de república, en un virreinato con sobrenombre democrático en el que el Estado de Derecho no pasa de ser una ilusión, una etiqueta que oculta la realidad de una sociedad estamental cuyos imaginarios y constructos colectivos se han mantenido inmutables durante centurias.
Probablemente, allí resida nuestro principal problema como país. O, aplicando una mayor precisión, la madre de todos nuestros problemas, aquello que nos impide madurar y reconocer nuestra complejidad en su condición polivalente de desafío y oportunidad. Hasta que seamos capaces de hacerlo, seguiremos liberando dictadores y negándoles derechos a las poblaciones históricamente postergadas.
Y, a propósito de Fujimori, ¿ahora qué? ¿Nos resignamos a verlo libre a pesar de no cumplir su condena y no demostrarse que su salud justifica un indulto humanitario? Pues, al igual que con el resto de casos citados aquí, dentro del ordenamiento jurídico peruano no hay nada que se pueda hacer. El tema está zanjado, oleado y sacramentado por el máximo intérprete de la Constitución y no existe instancia superior. Al menos, no aquí. Sin embargo, a nivel supranacional, otra es la historia.
Aunque sendos fujimoristas salgan a vociferar, en cuanto medio les da tribuna, que la decisión tomada por el tribunal no la puede revertir ni Jesucristo, la verdad es que el Perú se encuentra sujeto al fuero de la ya mencionada Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, siempre que se agotan las instancias nacionales, las partes afectadas tienen el derecho de acudir a ella por intermedio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos según el esquema bajo el que opera el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sí, aunque a los antiderechos les produzca escozor y convulsiones, no somos un feudo desconectado del resto del planeta en el que unos penosos reyezuelos imponen su voluntad a complacencia. Chillarán, se agitarán, gritarán y exigirán que nos retiremos de cualquier sistema internacional de defensa de derechos, como lo hacen cada vez que controlan nuestro menoscabado sistema, pero será en vano. Su desconexión con el presente les jugará siempre en contra y – no lo dudo – pronto veremos al dictador apresado nuevamente.