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sábado, abril 20, 2024

Representación popular en peligro

Como es sabido, el pasado 10 de marzo se aprobó con amplia mayoría la modificación de las reglas establecidas con antelación, para el actual proceso electoral que está en marcha. Esta modificación trae como consecuencia directa otorgar una segunda oportunidad a los partidos políticos, para que puedan inscribir sus padrones de afiliados. Así se estaría generando una flexibilización de las causales de cancelación de la inscripción de partidos en estas elecciones regionales y municipales a realzarse el presente año. Es preciso señalar que el pasado 5 de enero venció el plazo para que los partidos políticos inscriban sus padrones de afiliados. Se debió tener en cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) requirió a los partidos políticos que entreguen sus padrones completos en esa fecha y no por partes. Ha trascendido que, algunos partidos políticos apelaron la decisión del JNE, pero no obtuvieron un resultado favorable. Utilizar el aparto legislativo como instrumento para modificar las reglas electorales y hacerlas favorables a los intereses partidarios, atenta directamente contra el marco constitucional electoralEn este caso el Jurado Nacional de Elección deberá hacer respetar sus anteriores fallos ante la posible promulgación de esta ley por el ejecutivo (aunque ello implicaría una suerte de control difuso). 

El texto sustitutorio aprobado por el pleno del congreso, en su segunda disposición complementaria, suspende las causales de cancelación de inscripción de organizaciones políticas para este año electoral. La ley de organizaciones políticas en el inciso F del artículo 13, prescribe que se puede cancelar la inscripción de un partido cuando este no participa al menos en 3/5 de las regiones, en la mitad de las provincias y en un tercio de los distritos del país. Como puede intelegirse, la suspensión de esta regla reduce sustancialmente las exigencias de una importante representación a nivel poblacional, deslegitimando la presencia de las organizaciones políticas con los estándares de representación que se requieren.  

Por otro lado, la misma Ley de Organizaciones Políticas (LOP), en el caso de los movimientos regionales, indica que es causal de pérdida de inscripción, no participar en elección municipal de 2/3 de las provincias y 2/3 de la circunscripción regional donde pretende participar el partido político. En otras palabras, de suspenderse este requisito, los partidos y movimientos regionales tendrán carta abierta para no participar en distritos provincias o regiones que no les “convenga”. 

Como podrán ver, estas contrarreformas a los reglamentos electorales, empeora sustancialmente el marco regulatorio, que buscaba incrementar las exigencias hacia los partidos políticos como reales canales de representación popular. 

Los argumentos planteados para aprobar esta reforma, ponen en peligro la “promoción de la participación democráticas de todas las organizaciones”habría que preguntarnos entonces, si es que luego de realizadas las elecciones regionales y municipales tendremos la oportunidad de dirigirnos, tanto ciudadanos y ciudadanas, a los locales institucionales de dichos partidos y/o movimientos regionales para presentar nuestras demandas, propuestas y visión de naturaleza política, frente a los grandes problemas que atraviesa nuestra región.  

Sin duda algunas, desde un enfoque legal, cambiar las reglas a las que hemos hecho referencia, atenta contra el principio de irretroactividad, esta entendida como aquella que no permite las aplicaciones de las consecuencias jurídicas de norma, para hechos ya ocurridos. 

Una vez más, la actitud de las bancadas parlamentarias, ponen en peligro nuestra débil democracia, siendo jueces y parte, respecto a las reglas que se apliquen a sus propios partidos políticos, incluso pretendiendo modificar el propio cronograma electoral que se entiende que sus etapas son preclusorias. Ya queda en mano del presidente Castillo, titular del poder ejecutivo, decidir si dentro del espacio de 15 días hábiles, se observa este proyecto ley o se vuelve cómplice de este atentado contra la reforma electoral. 

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