Violencia y deforestación en la Amazonía:
La necesidad de conectar las causas de deforestación con los crímenes ambientales que impactan la vida, integridad y salud de los pueblos indígenas
Es doloroso constatar que en el Perú estamos aún muy lejos de gestionar la Amazonía de manera responsable con las futuras generaciones y a través de la colaboración de los nueve países que poseen territorio en la cuenca amazónica. Entre los principales obstáculos para ello están los límites de la propia soberanía nacional, como se volvió a comprobar durante la última campaña de falsedades que provocó que el Congreso de la República desistiera de ratificar el Acuerdo de Escazú, el más importante tratado internacional para proteger el medioambiente en América Latina.
No obstante, cabe reconocer que cada vez tenemos mejor información para guiar las decisiones gubernamentales sobre la Amazonía, no solo para cuidar la vida de quienes viven allí sino también para proteger el planeta. En esa línea, un informe de MapBiomas Amazonía apunta que desde 1985 a 2020 la región amazónica ha perdido un 17% de su vegetación, principalmente a causa de la deforestación. Este dato indica que nos encontramos muy cerca de alcanzar el punto de inflexión que, según el Panel Científico para la Amazonía, se ubica entre el 20% y 25% de deforestación total, lo que desencadenaría una espiral de impactos sin precedentes.
La cuenca Amazónica peruana tiene una extensión de 96.6 millones de hectáreas; el 75% de todo el territorio nacional. Desde 1985 a 2020, el país ha perdido 1.9 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale a la superficie de Eslovenia, y el uso agropecuario ha aumentado en 2.6 millones de hectáreas, lo que se correspondería casi con la superficie de Haití.
Asimismo, los datos siguen señalando a la minería como una de las principales actividades responsables de la deforestación y degradación de la biodiversidad y los ecosistemas amazónicos. En el caso peruano, la presencia de la minería se ha intensificado de 12.900 hectáreas a 75.300 hectáreas; es decir, multiplicó 5,8 veces su superficie, con la consiguiente pérdida de bosques, contaminación de cuerpos de agua, invasión de tierras y otros impactos socioambientales.
Pero los impactos no solo afectan al frágil ecosistema amazónico, sino que alcanzan a los territorios indígenas –que abarcan un 37 % de la cuenca–. Sin un apoyo decidido y comprometido por parte del Estado, la creciente arremetida de actividades ilegales que presionan y amenazan a bosques y poblaciones, en muchas ocasiones en forma de violencia directa contra las personas, será algo cada vez más insoportable para las comunidades indígenas y, por tanto, para los bosques que habitan y protegen. La deforestación en la cuenca amazónica tiene ángulos complejos que se mueven entre lo legal e ilegal, entre la desidia institucional y la violencia.
En definitiva, no se puede analizar el aumento de la deforestación y sus consecuencias en el cambio climático sin conectar todo ello con los crímenes ambientales y los impactos en la vida, integridad y salud de los pueblos indígenas que habitan el territorio. No tomar esto en consideración profundizaría aún más una crisis humanitaria que amenaza, literalmente, con la extinción de todo un pueblo. Por: Luis Hallazi – Abogado –