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jueves, marzo 28, 2024

Karelim: Castillo, dos ministros, cinco niños de Acción Popular, empresas chinas se la están llevando.

No es una sentencia condenatoria, es la declaración de una persona que ha cometido un delito, para no ser castigada delata a otros. 

La declaración de la aspirante a colaboradora eficaz señala la existencia de una organización ilícita infiltrada en Palacio de Gobierno y ministerios. La Fiscalía deberá realizar la verificación de los hechos relatados por la empresaria y lobista del MTC. 

La empresaria Karelim López Arredondo se acogió a la colaboración eficaz ante las fiscalías de lavado de activos. Aún no es claro qué la llevó a cambiar su declaración de inocencia por culpabilidad. Según trascendió, en uno de los allanamientos le habrían encontrado una agenda con nombres y presuntos apuntes de pagos de dinero. 

Así, ante la posibilidad de ir a prisión, alrededor del 18 de febrero se presentó en la Fiscalía, acompañada por su abogado César Nakazaki. Allí, ante la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso empezó a hablar sin pausa. De todo y de todos. Su declaración supuestamente reservada, como ya es usual, trascendió minutos después de que terminó de firmar su declaración y retirarse de la Fiscalía. 

La declaración ha trascendido bajo la identidad clave nº 001-2022-2°-FISLAA. Lo que el colaborador relata todavía no ha sido verificado y debe tomarse como una versión de parte. No es una sentencia condenatoria. Es la declaración de una persona que ha cometido un delito. Una persona que para no ser castigada delata a otros, involucrados en los mismos u otros delitos. 

Se supone que lo primero que debe admitir un aspirante a la colaboración eficaz es que ha cometido un delito y contar todo sobre ese ilícito. En la versión que ha trascendido no aparecen los hechos ilícitos que el aspirante a colaborador eficaz nº 001-2022-2°-FISLAA reconoce haber cometido. Fuentes de la Fiscalía indican que aseguró ser operadora de Zamir Villaverde para negociar las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

El entorno presidencial 

Karelim López Arredondo asegura que durante el tiempo que permaneció en el entorno del presidente Pedro Castillo fue testigo directa de la perpetración de una serie de delitos y de los preparativos y planes para cometer otros tantos, en reuniones que se realizaron en la casa de la cuadra 1 del jirón Sarratea, en el distrito de Breña, y en Palacio de Gobierno. 

Todos esos hechos, asegura, se cometieron por orden expresa y con conocimiento del presidente de la República. López asegura que el presidente Castillo Terrones es líder de una organización criminal que se infiltró en el Gobierno y una serie de ministerios. 

El objetivo de dicha organización, asegura, sería obtener dinero de las licitaciones de obras públicas, los nombramientos de los directores del Ministerio de Salud, los ascensos en los institutos armados y los reclamos tributarios ante la Sunat. El dinero recaudado, según el colaborador, sería utilizado para pagar las deudas que el presidente Castillo habría contraído en la campaña electoral. 

“Tengo que pagar a los empresarios que han financiado mi campaña”, le habría dicho el presidente. 

Además, señala que la organización habría logrado obtener el apoyo legal y la protección del fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador de las fiscalías anticorrupción, y de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera. De esta manera, la Fiscalía no investigaría sus actividades y se les protegería ante cualquier denuncia. 

De acuerdo con su relato, los principales integrantes de la organización serían el dueño de la casa del jirón Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez; los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Rousbelt Oblitas Paredes y Gian Castillo Gómez; el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco Castillo; el titular del MTC Juan Francisco Silva Villegas; y el empresario y especialista de seguridad Zamir Villaverde García. 

Igualmente, cinco congresistas de Acción Popular, a los que se describe como ‘Los Niños’, porque supuestamente harían todo lo que el presidente Castillo les dice. 

Aunque menciona a cinco parlamentarios, solo menciona directamente a dos: Raúl Felipe Doroteo Carbajo, parlamentario por Ica, y el médico Juan Carlos Mori Celis, representante por la región Loreto. 

La aspirante a colaboradora dice que estos parlamentarios hacen todo lo que el presidente les pide, a cambio de beneficiarse de millonarios contratos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC y un grupo de empresas de inversionistas chinos. 

De las empresas chinas menciona a Consorcio Conservación Vial, Mazocruz (China Civil Engineering Construcción Sucursal del Perú) y Grupo Constructor y Consultor Asociados. 

También dijo que en setiembre del 2021 escuchó una discusión entre el presidente Castillo y Bruno Pacheco en la que ambos se reclamaban que debían atender un pedido del dueño de la casa de Sarratea sobre un negocio de mercurio y litio. El negocio era poner una empresa y elevar el precio del mercurio y el presidente debía sacar una resolución a favor de los empresarios. 

“Tengo conocimiento de que Bruno Pacheco fue a hablar con el jefe de la Sunat para sacar la resolución a favor del mercurio, pero le dijeron que era muy contaminante. Luego, el propio Alejandro Sánchez buscó un contacto directo con el jefe de la Sunat y en diciembre logró pactar que saliera la resolución a cambio de ratificar al jefe de la Sunat”. 

En el MTC 

El colaborador clave nº 001-2022-2°-FISLAA asegura que el presidente de la República integraría una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la participación del ministro Juan Silva y el empresario y especialista en seguridad Samir Villaverde. 

Igualmente, los sobrinos Gian Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, y cinco congresistas de Acción Popular, de los que identifica a los parlamentarios Raúl Doroteo Carbajo de Ica, el médico Juan Mori Celis de Loreto y un tercero que tendría entre sus asesores a Yonhy Lescano. 

Agregó que el presidente se refiere a los congresistas de AP como ‘Los Niños’, pues ellos hacen todo lo que él les dice.Este grupo que opera en el MTC habría obtenido contratos por 463 millones de soles, a través de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, cuyo verdadero dueño sería Alejandro Felipe Aguilar Quispe. 

Además, otras empresas relacionadas con inversionistas chinos, entre las que menciona a Consorcio Conservación Vial, Mazocruz (China Civil Engineering Construcción Sucursal del Perú) y Grupo Constructor y Consultor Asociados SAC. El colaborador anotó que Zamir Villaverde organizó las operaciones en el MTC recomendando a los altos funcionarios de esa entidad, como el director de Provías Descentralizado. 

Luego de que tuvo que dejar la secretaría general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco le habría dicho al colaborador “hay que estar preparados, porque no me voy a perjudicar solo, si en algún momento me culpan por algo, yo voy a contarlo todo, que asuma Pedro Castillo su responsabilidad”. 

Otros hechos 

La colaboradora también menciona al premier y exministro de Justicia, Aníbal Torres. Asegura que Torres le ofreció a Pacheco sacarlo del país y lograr que le concedan asilo político. 

Anotó que las declaraciones de López son “maniobras políticas antidemocráticas con la finalidad de generar inestabilidad en el país”, ante lo cual hizo un llamado a la comunidad internacional a estar atenta ante cualquier intento de desestabilizar el país y dar un golpe de Estado. 

Presidente en cuidados intensivos: Ernesto de la Jara, abogado y profesor PUCP 

El presidente Castillo habría ingresado a la unidad de cuidados intensivos si es verdad que Karelim López se ha acogido a la colaboración eficaz, a partir de información sobre una organización criminal liderada por él. Y solo entran allí los que tienen pronóstico reservado, aunque también se puede salir vivo. 

¿Este proceso de colaboración puede precipitar una vacancia por incapacidad moral? Constitucionalmente no, porque –igual que con Vizcarra– recién se está comenzando y no sería el primer intento de colaboración que termina en nada. 

Solo si se hubiese concluido exitosamente el proceso de colaboración, mediante un acuerdo firmado con el fiscal y aprobado por el juez, se abriría la posibilidad de una acusación constitucional, en la que lo dicho por K. López sería la prueba fundamental, al provenir de una sentencia judicial. 

Una cosa es defender el resultado electoral y rechazar los inventos de fraude, los pedidos de golpe, los intentos inconstitucionales de vacancia, el terruqueo y el cargamontón, pero otra cosa es la complicidad con la corrupción. 

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