Las autoridades investigan si Repsol aplicó un plan de contingencia eficiente para mitigar el desastre ambiental en las costas del mar peruano. De ser encontrada responsable, la multa máxima que recaería en la empresa sería de USD 35 millones, cifra que representa el 1,8% del total de ventas que obtuvo en 2020, uno de sus peores años. Los costos que le demandarán estas actividades de limpieza y remediación aún no han sido calculados por la compañía, pero podría ser deducido en la contabilidad final para determinar el pago de sus tributos. Repsol registra 32 infracciones ambientales en Perú. Hasta el momento, unos 800 pescadores artesanales y otros 400 trabajadores de la zona han paralizado sus actividades y fuentes de ingreso.
Lo que en un primer momento fue comunicado por la empresa, propiedad de Repsol Perú, como un «derrame limitado», era en realidad un vertido tóxico que alcanza 2,9 kilómetros cuadrados de mar y costa, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La organización SkyTruth, especializada en el análisis de imágenes satelitales, detalló a través de una serie de imágenes del 17 y 18 enero, las manchas de petróleo a más de 30 km del punto de amarre del buque.
De acuerdo a la legislación peruana, apenas ocurre un hecho de este tipo, la empresa está obligada a desplegar un plan de contingencia que detalle la forma de notificación y mitigación del hecho. Sin embargo, diversos especialistas y las autoridades ambientales del país han alertado que esto no se ha realizado adecuadamente. Durante los primeros días del derrame, en las playas afectadas, se observó a un grupo de personas contratadas por la empresa intentando remover el crudo con recogedores de uso doméstico.