“Estaría apoyando a quienes estarían involucrados en las actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, tala ilegal, y tráfico de tierras en la Comunidad Santa Rosillo de Yanayacu”, señaló la organización regional en pronunciamiento.
A través de un pronunciamiento, la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam) rechazó la actitud de la consejera regional Rita Córdova, al considerar que pretende negar la existencia de la Comunidad Nativa Santa Rosillo de Yanayaku al llamarla “caserío”, además de poner trabas a su proceso de titulación.
Codepisam comunicó que esas declaraciones fueron dadas en múltiples espacios a pesar de que la Comunidad Nativa Santa Rosillo está reconocida y forma parte de la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura. “Denunciamos que la citada funcionaria del Consejo Regional estaría apoyando a quienes estarían involucrados en las actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, tala ilegal, y tráfico de tierras en la Comunidad Santa Rosillo de Yanayacu”, señaló la organización regional en pronunciamiento.
Además, Codepisam exigió la designación de un presidente de la comisión de pueblos indígenas que coordine con las federaciones y organizaciones que los representan, así como el respeto de las poblaciones indígenas de la región y sus derechos, implementando y haciendo obligatorio el trato con las comunidades nativas con enfoque intercultural en todos los espacios de coordinación, a fin de evitar situaciones como las denunciadas.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) que cuenta con la representación de todos los pueblos indígenas de la región, mostró su respaldo al pronunciamiento de Codepisam y exigió respeto a todas las comunidades ubicadas en la región San Martín.
Cabe recordar que, en el marco del proceso de titulación de las comunidades de esa región, Codepisam y los funcionarios del Gobierno Regional de San Martín han sostenido varias reuniones con la finalidad de tratar la problemática de la titulación de la Comunidad Kichwa Santa Rosillo, cuyos líderes defensores del territorio comunal han recibido amenazas contra su vida e integridad.
Antecedentes: Comunero: “¿Acaso el Estado está esperando que nos maten?! ¡¿Que ya no estemos aquí luchando para defender la comunidad?”
La comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, ubicada en la zona del Bajo Huallaga, (distrito de Huimbayoc, región de San Martín) viene siendo amenazada por grupos de madereros ilegales, quienes deforestan el bosque de la comunidad sembrando amenazas y violencia. Desde hace años, la comunidad viene denunciando estas violaciones permanentes a su territorio y contra la vida de las personas.
Según se reporta, al menos tres comuneros han sido amenazados de muerte hasta la fecha. Uno de ellos indicó haber recibido la amenaza el pasado jueves 2 de diciembre la víctima afirmó que los responsables son taladores ilegales, quienes actuaron en represalia por la denuncia que la comunidad interpuso contra ellos. Las amenazas
recaen sobre su persona y sobre otros líderes de Santa Rosillo de Yanayacu. Por ello, han exigido a las autoridades –empezando por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Ministerio del Interior (MININTER)– una verificación de la situación de emergencia en la zona
La comunidad viene alertando al Estado sobre los peligros que atraviesa desde hace varios años, como el tráfico de tierras, la tala ilegal de madera y el sembrío de coca. De igual forma, el 45% de su territorio está se superpuesto a los predios de la empresa Timberland. Ante la situación crítica de la comunidad, se ha conformado una comisión ad hoc para lograr la titulación
Otro miembro de la comunidad mencionó lo siguiente: ¡Son 4 años de problemas! ¿Si hay tantas denuncias, por qué no hacen cumplir? No vamos a permitir que hagan lo que quieran, ¿de qué vamos a vivir? Si ni podemos tener proyectos, piscigranjas, o sembríos legales.
DATO: A pesar de haber alzado sus voces frente a organismos nacionales e internacionales, incluyendo la intervención de la Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH),, la comunidad y la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA) continúan exigiendo una verdadera protección estatal Ya sea a través del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos del MINJUSDH o la solicitud de garantías personales. El pueblo kichwa reclama justicia, la defensa real de su integridad y una vida libre de violencia.