El desastre ambiental producido por la empresa Repsol debería llamarnos a reflexionar acerca de las respuestas que dan a este tipo de eventos, tanto las empresas como el Estado. La empresa, al inicio del drama, comunicó que solo se habían derramado 0.6 barriles de petróleo, y que habían afectado solamente 2.5 m2 de mar. Pero al transcurrir los días se determinó que eran más de 6000 barriles. Una diferencia atroz comparado al primer comunicado de la empresa.
El 23 de enero, la OEFA publicó un comunicado con la magnitud del daño detectado hasta ese momento: 1 800 490 m2 de la franja del litoral (180 has) y 7 139 571 m2 en el mar (713 has), aproximadamente. El “plan de contingencia” del que se jacta el presidente de la compañía, Jaime Fernández-Cuesta, constó, en su momento, de 15 trabajadores con escobas y recogedores, para después subcontratar a los pescadores afectados para limpiar las playas mediante services (tercerización), donde ninguno de ellos cuenta con experiencia alguna en el manejo de hidrocarburos. Y ni que hablar de las respuestas de sus voceros que en un principio decían que no tenían responsabilidad alguna en el suceso. O sea, todo mal.
Estos hechos, más su respuesta tardía, y mala, abonan aún más a la ola de desprestigio en la que va cayendo esta empresa. En cuanto al Estado, como manifiesta la politóloga Paula Távara, este ha renunciado a ser más firme y decidido en cuanto a sus funciones de regulación, control y sanción. Las reacciones timoratas y calculadas de la PCM
y los organismos encargados de ver este tema (a excepción de la OEFA), y el silencio del presidente y de líderes de oposición, solo demuestra hasta qué punto sienten temor de ser llamados “obstruccionistas del desarrollo”.
Cuando ocurrió el derrame de petróleo en el Golfo de México, de la empresa British Petroleum, la empresa fue obligada a pagar 42000 millones de dólares, y durante 4 años no gozó de contratos con el gobierno norteamericano. ¿Acaso a alguien se le ocurrió decir en esa oportunidad que el gobierno norteamericano era “comunista” o “anti empresa”? A nadie, pues.
Estado y empresa no son adversarios como muchos libertarios nos quieren hacer creer, pero debemos ser categóricos en nuestros juicios de valor en cuanto uno u otro comete una infracción.
Ver la impotencia y el dolor del biólogo Giuliano Ardito al tratar de explicar el desastre en un programa dominical, y más temprano, la entrevista al pescador Alejandro Huaroto, quien visiblemente afectado trata de articular palabras ante el duro momento que les toca vivir, debería ser suficiente para que estas situaciones nunca más se vuelvan a repetir. Ni en nuestras playas, ni en nuestras comunidades indígenas más alejadas. (Comunicando Bosque y Cultura).