Por Buenaventura Ríos
El martes y miércoles de la semana pasada, se realizó en Moyobamba y Tarapoto la sesión descentralizada de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, que contó con la presencia de la presidenta del Congreso María Alva, la presidenta de la Comisión Norma Yarrow, así como, las congresistas Karol Paredes y Lucinda Vásquez y otros.
La situación fue propicia para que el gobernador regional Pedro Bogarin, pusiera de manifiesto algunos aspectos del proceso de descentralización que merecen ser atendidos por la Comisión y el Congreso de la República, toda vez que han transcurrido exactamente 20 años desde que se reinició la regionalización el año 2002 y bien vale la pena hacer un balance.
El hecho es que, el objetivo de la descentralización ha sido y es crear gobiernos regionales, otorgarles poder a través de la transferencia de competencias, funciones y atribuciones administrativas, para a partir de ahí revertir el centralismo político, económico y social que secularmente afecta a nuestra patria. El año 2002 el 42% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional estaba concentrado en Lima metropolitana.
El hecho es que, transcurrido ese lapso, la situación no ha cambiado mucho, Lima metropolitana se ha vuelto más centralista (de 42.6 % del PBI el 2007 se ha incrementado ha 43.4% el 2020), algunas regiones como Arequipa, Cuzco e Ica se incrementaron levemente, otras como Junín y Puno se mantuvieron igual y once regiones como La Libertad, Ancash y Cajamarca decrecieron ostensiblemente. San Martín se incrementó de 1.0% a 1.2% del PBI, casi nada.
Sin duda, una de las situaciones que explica esta situación es que tenemos gobiernos regionales descentralizados conviviendo con presupuestos centralizados. Así, si observamos la evolución de la distribución del Presupuesto Nacional de la República en estos 20 años veremos que el 60% del mismo lo maneja el Gobierno Nacional, 20% los gobiernos regionales y 20% los gobiernos locales.
La situación se agrava cuando observamos la distribución centralista del Presupuesto de Inversiones (Gasto de Capital), que nos permiten ejecutar obras. Aquí la cosa es peor. Para el 2022 el 66% del presupuesto se ha destinado al Gobierno Nacional, 18% a los 25 gobiernos regionales y apenas 16% a los cerca de dos mil municipios provinciales y distritales. Esta situación es injusta y debe cambiar, la Comisión de Descentralización debe ponerse a trabajar.