Hasta el momento, ninguna municipalidad ha desarrollado audiencias públicas de rendición de cuentas correspondiente a este año.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín instó a los gobiernos locales de la región a informar a la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de la gestión edil y el uso de los recursos públicos, a través de las audiencias públicas de rendición de cuentas.
Cabe precisar que, este mecanismo de transparencia y control social ha adquirido mayor relevancia en el actual contexto de emergencia sanitaria nacional, debido a las diversas transferencias de recursos públicos en favor de las municipalidades para un óptimo abordaje de sus competencias que permita mitigar los impactos de la pandemia por COVID‑19.
En ese sentido, la Oficina Defensorial de San Martín realizó en el mes de noviembre una supervisión a los diez municipios provinciales y a ocho municipios distritales de la región San Martín, así como a la provincia de Datem del Marañón, en Loreto. A nivel provincial, se identificó que ningún municipio supervisado ha realizado audiencia pública de rendición de cuentas respecto al año. En el caso de Tocache, la última audiencia fue realizada en marzo último, pero correspondió a la ejecución presupuestal 2020, mientras que en la comuna del Datem del Marañón aún no han realizado la rendición de cuentas del año pasado.
Por otro lado, se advirtió que siete gobiernos provinciales aún no cuentan con un reglamento que regule sus audiencias de rendición de cuentas en este año. En este grupo se encuentran las municipalidades provinciales de Bella‑ vista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Tocache y Rioja, así como la provincia loretana de Datem del Marañón.
Situación similar sucede con las municipalidades distritales supervisadas, donde se identificó que inclusive las comunas de Jepelacio (Moyobamba) y de Awajún (Rioja), aún no han realizado audiencias públicas de rendición de cuentas 2020 y tampoco cuentan con el respectivo reglamento.
Ante esta situación, la representante de la Defensoría del Pueblo en San Martín, Janet Álvarez, indicó que la no realización de las audiencias de rendición de cuentas atenta contra el derecho de la ciudadanía a estar informada en cómo se ejecuta el presupuesto público. Además, explicó que esta situación transgrede lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y en la Constitución Política del Perú, donde se abordan estas obligaciones municipales.
Si bien la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 impidió que se desarrollen audiencias presenciales, existen mecanismos virtuales por los cuales se pudo convocar a la ciudadanía. En ese sentido, como parte de las recomendaciones dirigidas a los municipios, se demandó a desarrollar al menos una audiencia pública de rendición de cuentas por cada año y a evaluar las estrategias de comunicación que sean más efectivas para mantener informada a la población sobre los niveles de ejecución del gasto público, así como a aprobar las ordenanzas municipales que regulen el desarrollo de estos espacios, con la mayor participación posible, ya sea de manera presencial o virtual.