Medida adoptada por la DRE no habría considerado situación sanitaria actual y servicios educativos habilitados para las clases presenciales.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín exhortó al Gobierno Regional a dejar sin efecto la resolución administrativa emitida por la Dirección Regional de Educación (DRE), que dispuso suspender los servicios educativos presenciales que venían ofreciéndose en diversas instituciones educativas de la región. Para la Defensoría del Pueblo, además de carecer de argumentos suficientes, la medida podría afectar aún más la situación de más de 28 000 estudiantes que no pudieron acceder a la modalidad de educación a distancia en la región durante este año.
En efecto, como resultado de una supervisión nacional desarrollada en agosto último al servicio educativo a distancia, la Defensoría del Pueblo pudo detectar que el número de estudiantes de escuelas públicas sin acceso a esa modalidad fue alarmante en, al menos, nueve unidades de gestión educativa local (UGEL) de San Martín. Otro hallazgo preocupante fue que más de 44 000 estudiantes no tenían equipos de tecnología de la información ni fueron beneficiarios de las tablets adquiridas por el Ministerio de Educación.
Pese a ello, la Dirección Regional de Educación de San Martín dispuso la continuidad del servicio educativo a distancia en tanto no se haya vacunado a más del 75 % de la población objetivo mayor de 12 años en la región. Para la sede defensorial en San Martín, esta decisión es incompatible con los resultados de la evaluación quincenal que hace el Minedu, de acuerdo a los indicadores epidemiológicos en cada región. En efecto, en San Martín más del 96 % de los servicios educativos están habilitados para mantener un grado de presencialidad durante este año, y al 8 de noviembre, había 154 servicios educativos y programas aptos para brindar clases con algún grado de presencialidad.
En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el documento dirigido por la jefa de la Oficina Defensorial de San Martín, Janet Álvarez, al gobernador regional, Pedro Bogarín Vargas, en la decisión de disponer el retorno a clases remotas en toda la región no se habrían considerado que la condición de institución educativa habilitada para desarrollar clases con algún grado de presencialidad corresponde a la UGEL y que cualquier modificación debe hacerse con una resolución registrada en el SARES. Por lo tanto, precisa que la resolución emitida por la DRE San Martín incumple con requisitos como competencia y motivación, necesarios para la validez de un acto administrativo.
De acuerdo a los argumentos de la resolución, refieren la presencia de 24 casos de contagios por la variante delta del COVID-19 y la grave situación de la infraestructura educativa en la región. Sin embargo, para la representante de la Defensoría del Pueblo en San Martín la presencia de casos de variante delta por sí sola no implica que todas las provincias de San Martín se encuentren en una situación sanitaria que les imposibilite alcanzar las condiciones necesarias para que las escuelas y sus comunidades educativas decidan reiniciar clases con algún grado de presencialidad.
De otro lado, precisa que 804 locales escolares implementaron lavaderos de manos y 2 mil 135 instituciones educativas de la región fueron beneficiadas con recursos para la compra de kits de higiene, de los cuales 1930 cumplieron con adquirirlos y realizar la rendición de cuentas a sus respectivas UGEL
En el documento dirigido a la autoridad regional, Álvarez sostiene además que en la resolución emitida por la DRE San Martín no se habría considerado el interés superior del niño, pues de lo contrario se habría evaluado los datos oficiales y públicos que determinan la grave afectación a su derecho a la educación y otros derechos conexos.
Por ello, recomendó al gobernador regional a declarar la nulidad de oficio de la resolución administrativa, así como adoptar acciones que propicien la reapertura de las escuelas y el retorno a las clases presenciales o semipresenciales, teniendo en consideración los graves retrocesos del sistema educativo viene atravesando la región durante este año, como resultado de la pandemia.
Texto de Imagen: Alumnos en clases – foto archivo