De los 25, 19 son investigados por la Fiscalía
La Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales señala que los supuestos actos de corrupción “parecen no contar con evidencias legales y adolecen de criterios técnicos”.
Como se sabe al menos 19 de 25 gobernadores regionales son investigados por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción. Ante ello, los miembros de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) rechazan “la estigmatización de que los gobiernos regionales son corruptos”.
En un reciente comunicado la ANGR señala que esta “estigmatización” debilita la institucionalidad, porque los supuestos actos de corrupción “parecen no contar con evidencias legales, las mismas que están basadas en estimaciones de presuntas irregularidades que realiza la Contraloría General, que adolecen de criterios técnicos”.
Por ello, piden al Poder Judicial y el Ministerio Público realizar de manera “transparente y alejada de toda politización las investigaciones necesarias. Además, garantizar el debido proceso y no hacer abuso de la prisión preventiva”.
Asimismo, pidieron a los medios de comunicación a “ser objetivos en la forma de transmitir la información, no adelantar juicios y menos generalizar los casos”. Finalmente pidieron al Ejecutivo “manifestarse y dar muestras de defensa de la institucionalidad para establecer un trabajo articulado entre tres niveles de gobierno y los poderes del Estado”.
SOBRE LOS HECHOS
En un reciente informe IDEELE publicó una minuciosa investigación del investigador José Carlos Rojas Medrano, Coordinador académico del Instituto de Ética y Desarrollo (IED) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, denominado “El círculo de la corrupción en los gobiernos regionales del Perú” en la nota de investigación señala cuatro aspectos claves identificados:
• Un reciente informe de la Procuraduría para casos de corrupción señala que 67 gobernadores y ex gobernadores regionales son sujetos de investigación por delitos de corrupción. Prácticamente todos los gobiernos regionales están comprometidos con denuncias y procesos de investigación lo cual sin duda daña el proceso de descentralización y la eficacia en la gestión de los gobiernos regionales. La desconfianza generalizada, las obras paralizadas y el perjuicio económico son las consecuencias más saltantes de los altos niveles de la corrupción.
• Un primer eslabón de este círculo es el compromiso que asumen los candidatos con sus financistas de campaña. El contexto de las campañas políticas en las regiones se inserta en la realidad de la fragilidad de los partidos nacionales y movimientos políticos que aparecen y desaparecen de elección en elección.
Las campañas electorales tienen un exacerbado componente de publicidad, por ello, cada vez necesitan mayores recursos económicos y, por ende, han ido apareciendo personas o grupos que financian dichas campañas.
Esta situación ha permitido el vínculo económico tácito y directo entre empresarios y candidatos. Podemos señalar que se va construyendo una especie de hipoteca de los candidatos para con los empresarios. Sucede que el compromiso de pago de la futura autoridad regional se resuelve a través del direccionamiento y favorecimiento en las licitaciones de obras o en la compra de bienes y servicios. A esta realidad debemos agregarle el financiamiento ilícito por parte del narcotráfico (Ayacucho) o la minería ilegal (Madre de Dios) en varias regiones. Lo que buscarían estos “financistas” y candidatos es continuar con el negocio sin que las autoridades regionales les pongan trabas.
• Las redes de corrupción no solo se producen al interior de los gobiernos regionales. Hay una fuerte interacción entre la función regional y nacional para la ejecución de las obras regionales. La aprobación de los presupuestos sub nacionales requiere de la aprobación de las entidades nacionales como el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Diversas entrevistas nos muestran que existe una red de funcionarios nacionales que negocian la aprobación de los presupuestos regionales. Existiría un pago para dar el visto bueno (generar el código SNIP) a determinadas obras. Una evidencia concreta de esta práctica es el caso del alcalde del distrito ayacuchano de San Juan Bautista, Mardonio Guillén, quien denunció un ofrecimiento de operadores del MEF para la aprobación de su proyecto a cambio de un 5%.
• Es necesario asegurar la gobernabilidad de las regiones recuperando la confianza de la ciudadanía en base a una gestión eficiente, integral y que ponga por delante las prioridades que las regiones necesitan con planes de desarrollo de mediano y largo plazo. De otro lado, debemos ser conscientes que la implementación de políticas anticorrupción presenta una complejidad importante por el tipo de burocracia del Estado y por la debilidad de los partidos y políticos. Se requiere, entonces, alinear intereses e incentivos de diversos actores estatales y políticos para llevar a cabo una reforma profunda al interior de los gobiernos regionales y locales.
Algunas de estas exautoridades ya han recibido condenas de cárcel efectiva, e incluso permanecen prófugos, hasta agosto del 2019.
César Alvarez. Exgobernador regional de Ancash (2007-2014), condenado a 8 años y 3 meses de prisión por la adjudicación de la carretera Chacas-San Luis a la empresa Odebrecht. Fue la primera sentencia emitida en el Perú por el caso Lava Jato.
Félix Moreno. El exgobernador del Callao fue sentenciado en enero a 5 años de cárcel por la venta ilegal de terrenos en el fundo Oquendo; Además es investigado por la adjudicación de la obra Costa Verde del Callao a Odebrecht.
Jorge Acurio. El exgobernador regional de Cusco cumple prisión preventiva en el penal de Ancón por presuntamente haber recibido un soborno de S/ 3 millones de la empresa Odebrecht para favorecerla en la adjudicación de la obra Vía de Evitamiento del Cusco.
Gregorio Santos. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para el exgobernador de Cajamarca por presuntamente haber recibido coimas por un total de S/ 1’237,000 y US$ 67,804.
Klever Meléndez. El exgobernador regional de Pasco fue sentenciado a 15 años y ocho meses de prisión por los delitos de cohecho y colusión agravada.
Gerardo Viñas. El exgobernador regional de Tumbes recibió, en marzo del 2019, una condena de 11 años de prisión por el delito de lavado de activos. Fue capturado en Ecuador en junio del 2016 tras permanecer prófugo durante 2 años.
Javier Atkins. Fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible, por contratar a la empresa de un familiar durante su gestión como gobernador regional de Piura (2011-2014).
Wilfredo Oscorima. El exgobernador regional de Ayacucho fue sentenciado en el 2015 a 5 años de prisión efectiva por efectuar compras irregulares por S/ 20 millones durante su gestión. Entró a la clandestinidad y fue capturado en marzo del 2016.
Alex Kouri. En junio del 2016, el exgobernador regional de Callao fue sentenciado a 5 años de prisión por el delito de colusión agravada, por la construcción de la llamada Vía Expresa del Callao o caso Convial.
Edwin Licona. En julio del 2019, el Poder Judicial dictó 8 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional de Cusco (2014-2018) por la adjudicación irregular de obras de descolmatación de ríos.
Elías Segovia. La Fiscalía solicita 10 años de cárcel para el exgobernador regional de Apurímac por los delitos de malversación y falsedad genérica.
Yván Vasquez. El exgobernador regional de Loreto (2007-2014) afronta una serie de procesos por delitos de corrupción. Fue condenado a 6 años de cárcel en diciembre del 2016, pero cinco meses después se declaró nulo el proceso y quedó en libertad.
Luis Aguirre. En enero del 2018, el exgobernador de Madre de Dios fue condenado a 8 años de cárcel por adjudicar licitaciones de manera indebida a personas de su entorno.
Waldo Ríos. El exgobernador regional de Ancash fue condenado a 5 años de cárcel en el 2016 por colusión desleal. También tiene una sentencia de un año de pena efectiva por inducción al voto, por su promesa de S/ 500 por familia durante la campaña del 2014.
Vladimir Cerrón. El hasta hace poco gobernador de Junín fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión por irregularidades en la entrega de una obra de saneamiento en La Oroya durante su primera gestión. Fue suspendido por el Consejo Regional y días después se entregó a la justicia.
Walter Aduviri. El gobernador de Puno fue condenado a 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad por el “Aymarazo”, violenta protesta que lideró en el 2011. Se mantuvo prófugo y fue capturado el 25 de agosto. El Consejo Regional deberá debatir ahora su suspensión del cargo, el pasado fin de semana ha sido detenido
César Villanueva. El congresista y expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Martín Vizcarra, es sindicado por Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, de recibir dos pagos de US$ 30 mil por la construcción de la carretera San José de Sisa cuando fue gobernador regional de San Martín. El caso está en proceso de investigación.
Jorge Velásquez Portocarrero. El ex presidente regional de Ucayali, fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por el alquiler irregular de un hotel vinculado a uno de sus ex asesores.