La Libertad y San Martín lideran estas lamentables estadísticas.
En la región San Martín se desconoce del trabajo de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y de las organizaciones que velan sus derechos, no se conoce trabajo alguno de sensibilización ni articular con los colectivos que agrupan a las mujeres del campo y la ciudad.
El reciente reporte de la Defensoría del Pueblo denominado “¿Qué pasó con ellas?” indica que, en el macrorregión norte del país, de enero a agosto del 2021, se registró un total de 29 feminicidios. La Libertad es la región con más reportes por este delito, ya que ha llegado a acumular nueve casos.
Durante el referido periodo, en todo el Perú se advirtieron 107 feminicidios, de los cuales una importante porción tuvo lugar en las localidades norteñas. El mes con más feminicidios en el país fue junio (18); luego las cifras disminuyeron en julio (15) y agosto (14).
En ese sentido, La Libertad lidera la estadística con nueve feminicidios, seguido de San Martín (6), Loreto (3), Piura (3), Amazonas (2), Lambayeque (2) y Tumbes (2). Según la Defensoría del Pueblo, Áncash y Cajamarca reportaron un feminicidio cada uno en lo que va del 2021.
La entidad enfatiza que, de los 107 feminicidios a nivel nacional, 12 se suscitaron luego de que las víctimas fueran reportadas como desaparecidas. Este es un dato que no pasa desapercibido para dicho órgano defensorial, que insiste en que las desapariciones deben ser consideradas como una forma de violencia.
TENTATIVAS DE FEMINICIDIO
En cuanto a las cifras de tentativa de feminicidio, en el norte se reportaron 22 hasta el pasado agosto. Aquí, los números son encabezados por Áncash (6); le sigue La Libertad (5), Cajamarca (4), Piura (3), Tumbes (3) y San Martín (1). En todo el Perú se advirtieron 84 tentativas de feminicidio.
“En el caso de las tentativas, la atención oportuna es fundamental en el marco del Decreto Legislativo 1470 y la Ley 30364, especialmente en el acceso a medidas de protección que garanticen la integridad de la víctima y su familia. Estas deben ser otorgadas en un plazo de 24 horas y con la pertinencia adecuada”, señala la Defensoría del Pueblo en su informe.
SOPORTE INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Las víctimas de violencia deben recibir un soporte integral que evite que retornen con sus agresores. Es conocido que casi en la totalidad de los casos, los feminicidios se producen en situaciones donde la mujer ya había denunciado violencia.
“Para el evitar el feminicidio se tiene que proteger a las mujeres que ya denunciaron, porque son ellas las que están en riesgo. Los feminicidios son muertes anunciadas que se pueden evitar si se brinda un soporte integral oportuno. Urge crear un programa de seguimiento y acompañamiento psicoemocional para que recuperen su empoderamiento”.
Tenemos tres damas en el Congreso que representan a San Martín y en otras instancias regionales, a la fecha no escuchamos una frase sobre el tema
“¿QUÉ PASA CON ELLAS?”
SEGÚN EL OBSERVATORIO NACIONAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
Una de las principales razones que señalan las mujeres en las zonas rurales para no buscar ayuda frente a las agresiones es que no saben a dónde ir, o no conocen los servicios (16,5% en la zona rural, frente a 11,7% en la zona urbana). Otra de las razones es el miedo a que le agredieran nuevamente a ella o a sus hijos (14,5% en la zona rural, frente a 8,2% en la zona urbana). El miedo al divorcio o a la separación también tiene un mayor porcentaje en la zona rural (4,6%, frente al 2,3% en la zona urbana).
En las zonas rurales se puede apreciar mayor incidencia de castigo físico hacia los hijos e hijas de parte del padre biológico (el doble): 33,0% en las zonas rurales y 15,4% en la zona urbana. Algo similar sucede con el castigo físico ejercido por la madre biológica hacia sus hijos e hijas: 34,6% en la zona rural, frente a 18,7% en la zona urbana.
El padre también utiliza el castigo físico a sus hijas e hijos menores de 1 a 5 años de edad, el mayor porcentaje de la utilización de golpes o castigos físicos es en las zonas rurales 16,8%, frente a 7,3% en la zona urbana. Lo mismo sucede con el castigo de la madre 17,1% en la zona rural y 8,7% en zona urbana.
Según los registros de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, en el año 2018 se atendieron 21 258 casos de violencia provenientes del área de residencia rural; que representa el 16 % de todos los casos atendidos. Esto es posible, debido a que muchos de estos servicios están ubicados en distritos de perfil rural o que cuentan con centros poblados o caseríos a sus alrededores.
¿QUE ESTAMOS HACIENDO COMO SOCIEDAD?
Para María Raguz, docente del Departamento de Psicología, de la Universidad Catolica del Perú quien ha estudiado este fenómeno por 40 años explica por qué se da esta situación en nuestro país:
¿HAY SOLUCIÓN?
¿Qué se está haciendo desde el Estado para solucionar esta situación? Raguz explica que los recursos asignados son insuficientes. “Hay una voluntad política solo para la foto. Instalan una oficina, pero no asignan los recursos. ¿Cómo se hace una campaña nacional de erradicación de la violencia con poco presupuesto y personal?”.
La Psicología apunta a una solución a largo plazo. “Hay que ir a las raíces estructurales de esta violencia y corregir las ideas y las mentalidades. La violencia no genera porque seamos diferentes o distintos, ya que nadie quiere ser igual al otro; se da porque somos desiguales. Hasta que no se cierren las brechas de desigualdad en todos los aspectos, tales como la vida, salud, educación, participación política, autonomía y desarrollo, va a seguir habiendo violencia en el trabajo, acoso en la calle”, finaliza.