Alcaldes deben fortalecer acciones de fiscalización para el cumplimiento de medidas de bioseguridad en mercados y establecimientos comerciales.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín demandó a los gobiernos locales la adopción de medidas urgentes ante el grave impacto que podría generar la aparición de una tercera ola del COVID-19, especialmente debido ante la presencia confirmada de la variante Delta en esta región.
De acuerdo a un documento remitido por la jefa de la oficina defensorial, Janet Álvarez, a las autoridades de las diez provincias que conforman esta región, así como a los alcaldes de la zona del Alto Mayo, urge incrementar las acciones de control y fiscalización respecto al cumplimiento de aforos y de las medidas de bioseguridad en los establecimientos comerciales.
Ello, luego que el Gobierno central dispusiera ampliar el estado de emergencia nacional por 30 días adicionales, incluyendo a la provincia de Moyobamba en un nivel de alerta “muy alto” por el aumento de contagios de casos de COVID-19, que suman más de 8800 en la región. Asimismo, se consideró que la Dirección Regional de Salud comunicó el primer caso de la variante Delta en la región San Martín el pasado 22 de agosto.
En ese sentido, en el documento dirigido a los alcaldes, la representante de la Defensoría del Pueblo hace hincapié en dos aspectos fundamentales, como son el control de los aforos en los centros de abasto y de las reuniones sociales que se han ido incrementando en bares, discotecas y otros locales públicos de esta región a lo largo de las últimas semanas.
Para ello, se señala en el documento, es necesario articular esfuerzos con la Policía Nacional y Fiscalía de Prevención del Delito para llevar a cabo operativos conjuntos destinados a impedir que se lleven a cabo estos eventos, así como supervisar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, como es el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y la limpieza de manos en mercados públicos y privados, transporte público, establecimientos comerciales, restaurantes y supermercados, entre otros locales donde haya aglomeraciones.
En el documento, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín resaltó que esta labor debe ser efectuada de manera conjunta con las autoridades de las municipalidades distritales, centros poblados, caseríos y con la propia ciudadanía, precisando que los gobiernos locales son los responsables de regular la actividad económica de los conglomerados en sus jurisdicciones, con la finalidad de reducir la propagación del COVID-19.
“Recordemos que los mercados de abastos, supermercados y bodegas, cumplen un rol fundamental en el suministro de alimentos y otros productos de primera necesidad. De acuerdo con ello, se debe garantizar su adecuado funcionamiento, bajo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, aún más en un contexto de pandemia y la confirmación de la variante Delta en la región San Martín que amenaza la salud pública, lo que permitirá garantizar el derecho a la salud de la población”, subrayó Álvarez.