Deforestación y desplazamiento forzado: las huellas silenciadas de la selva

 Deforestación y desplazamiento forzado: las huellas silenciadas de la selva

En los últimos seis meses, en Perú registraron un total de 8.709 alertas por devastación de superficies boscosas en espacios protegidos.

Las condiciones generadas durante la crisis sanitaria del COVID 19 han sido aprovechadas por grupos ilegales para avanzar en la destrucción de los bosques, desde marzo de 2020, cuando se decretó la pandemia, se han disparado las alertas de deforestación en espacios protegidos en la Amazonía.

Cada una de esas alertas, detalla una investigación de Mongabay, se dispara cuando se destruye una superficie de 30 x 30 metros en un bosque tropical, o lo que es lo mismo, cuando se pierde un área selvática equivalente a dos canchas de básquetbol.

Las imágenes satelitales revelan que zonas de la Selva Alta como San Martin, son las áreas más afectadas por este fenómeno. En estos pulmones verdes se observa la acción de la tala indiscriminada con varios propósitos, entre ellos, el tráfico de madera, los monocultivos y el narcotráfico, un panorama que afecta especialmente a las comunidades indígenas que habitan en esas tierras.

La violencia, el desplazamiento y la pérdida de sus predios es la consecuencia más palpable en esos territorios, donde la presencia del Estado es reemplazada por la acción de grupos ilegales dispuestos a abrir rutas para la extracción de recursos, como la madera, minerales, o el tráfico de mercancías ilegales, como la droga.

¿Quiénes dominan los territorios?

El estudio determinó, en paralelo, que en 2020 hubo un aumento “de la violencia en las áreas rurales en el contexto de la pandemia en Perú, donde “el cultivo de coca y la producción de cocaína alcanzaron un nivel récord de 88.200 hectáreas”.

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Según las conclusiones de la oficina estadounidense, la evidente expansión de las áreas en control del narcotráfico “muestran la necesidad de incrementar la sustitución de cultivos alternativos que combinen desarrollo económico, mayor presencia gubernamental y seguridad ciudadana, interdicción y erradicación en áreas rurales clave para reducir la producción de cocaína de manera sostenible y construir la paz en áreas afectadas por conflictos”.

Investigaciones conjuntas de entendidos en el tema destacan que el avance de grupos irregulares ha sido por la ausencia o anuencia del Estado y ha afectado no solo a la naturaleza, debido a la deforestación, sino también a las comunidades indígenas que viven en esos territorios y sufren la violencia y el desplazamiento forzado.

ANATOMÍA DE LA VIOLENCIA
Los pueblos originarios como Santa Rosillo de Yanayacu y Anak Kurutuyaku, en la región de San Martín y Ucayali han dejado de recorrer sus propias tierras por temor.

Los habitantes estiman que les han despojado de al menos 10 % de sus tierras, la acción de esos grupos ilegales se ha ejercido a través de la intimidación y la imposición de unas ‘normas’ que privan a las comunidades indígenas de transitar libremente por sus propios predios.

BRECHAS EN ATENCIÓN

La Amazonía es uno de los territorios con mayor impacto por la pandemia por COVID-19 en el Perú. Ello debido a factores precedentes, como falta de la garantía de servicios básicos, falta de pertinencia intercultural en la oferta de servicios estatales, entre otros.

Tan solo a inicios de la emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo dio la alerta sobre la situación de las comunidades al informar que solo 4 de cada 10 comunidades en Perú contaban con puestos de salud y que estos se encontraban faltos de personal, infraestructura y desabastecidos de medicamentos.

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Estas carencias se vieron reflejadas posteriormente, afectando no solo a la población, sino también a los profesionales y técnicos que laboraban en estos centros de salud. Debido a ello fallecieron destacados líderes, de la Amazonía peruana como el “Apu Santiago Manuin” dirigente que recibió en 1994 el premio Reina Sofía por su trabajo en defensa de la Amazonía y los derechos humanos. En 2014 fue galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos por toda una vida de servicio a favor de los pueblos amazónicos y la protección de la Amazonía

MAS: Datos recopilados desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad dan cuenta del asesinato de al menos siete líderes indígenas en Perú, tres de ellos este año. El último reportado fue el homicidio de Mario Marco López Huanca, responsable de la Reserva Comunal El Sira, quien fue abaleado por mientras caminaba por las inmediaciones del río Anacayali.


Fotos: Lenin Quevedo

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