Si en los próximos días el JNE confirma el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales, el candidato de Perú Libre tendrá dos factores positivos muy importantes a su favor, de cara a los objetivos de una reactivación económica. El primero, como caído del cielo, referido al espectacular aumento de los precios de los metales (cobre, oro, hierro, zinc y plata), lo cual dará holgados estándares en la balanza comercial y aumento de los ingresos para el fisco. El segundo, como legado de su predecesor, Francisco Sagasti, es que por lo menos cinco millones de peruanos, de más de 50 años de edad, ya estarán vacunados conra el Covid-19, con lo cual pueden incorporarse a la labor económica a plenitud. Además, tendrá disponible otras 50 millones de vacunas para extender la inmunización y, por los menos tres contratos, en plena negociación, por un total de 15 millones de vacunas adicionales.
El precio del cobre ya pasó la barrera de los US$ 10,311 la tonelada, mientras que el hierro superó los US$ 202.65, según el índice de referencia elaborado por S & P Platts. El oro, ya se encuentra arriba de los US$ 1,800 la onza, y el zinc se ubica por arriba de los US$ 2,986 la tonelada. Según diversos analistas, estos precios y de otros metales seguirán al alza o se mantendrán en esos estándares en vista que la necesaria reactivación económica global, por los efectos de la pandemia, lo cual, garantiza una alta demanda en por lo menos de los dos años siguientes. Se trata del repunte de un modelo para la economía pospandemia, en la que los cuellos de botella de la oferta empujan los precios hacia arriba a medida que la actividad se reanuda. Quizás es muy pronto para un excesivo optimismo, pero gran parte de la explicación radica en los productos básicos que requiere China para garantizar su alto crecimiento.
Este crecimiento de los precios de los minerales volverá a poner en agenda la aceleración de los diversos proyectos mineros, sobre los cuales la eventual gestión de Castillo tendrá que decidir si quiere que la minería potencie los ingresos económicos. Según la última estadística del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la actual Cartera de Proyectos en Construcción cuenta con un total de 46 proyectos, de los cuales 36 son proyectos de minas nuevas y suman una inversión conjunta de US$ 51,100 millones. Los proyectos que sobresalen en este grupo son Quellaveco (US$ 5,300 millones) y Mina Justa (US$ 1,600 millones), por encontrarse en etapa de construcción y ser considerados proyectos de interés nacional. Adicionalmente, se encuentran los proyectos Ampliación Shouxin, Chalcobamba Fase I (proyecto de reposición de Las Bambas) y Pampacancha (proyecto de reposición de Constancia), así como los proyectos Corani, Yanacocha Sulfuros, Optimización Inmaculada y San Gabriel.
El compromiso electoral para un replanteamiento de las reglas de juego sobre la inversión minera que permita aumentar los ingresos del Estado.
Si opta por lo que viene anunciando el economista Pedro Francke, quien descarta una vía estatista en la inversión y explotación minera, dejándola en manos privadas, la situación sería diferente. En ese caso, el asunto radicaría en establecer nuevos parámetros de negociación sobre el impuesto a la renta, regalías mineras, contribuciones al desarrollo de las comunidades (a fin de elevar la contribución al Estado) y los beneficios directos de las comunidades y de las poblaciones de las áreas influencia.
Si Pedro Castillo opta por la receta de Pedro Francke, bien podría lanzar un gran debate y convocatoria internacional sobre los 46 proyectos mineros señalados. Y es evidente que en un escenario donde los precios internacionales están cuesta arriba, cualquiera de esos proyectos mineros será rentable, tanto para el Estado como para la inversión privada. Pero Castillo podría recoger propuestas más innovadoras, como la del economista Hernando de Soto, quien propone un cambio más radical, convirtiendo a las comunidades en socias y accionistas en los diversos proyectos mineros, potenciando la incorporación de amplios sectores a los beneficios de una economía de mercado.
En este ámbito, la gestión de Castillo requiere realizar una modificación sustantiva sobre el enfoque reactivo que hasta ahora tiene el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM y los ministerios del ramo, para prevenir con tiempo los conflictos sociales y establecer políticas públicas sostenibles y creíbles que generen confianza en las comunidades donde se ubican los diversos proyectos mineros y de hidrocarburos. Ahí urge modificar, de un modo transversal en todo el Estado, el comportamiento vegetativo e ineficiente de una burocracia estatal que no ha logrado crear en el Perú un sistema potente y ágil de negociación de conflictos.