“La sucesión democrática del poder debe darse dentro de los procedimientos legales y constitucionales previstos”
La Defensoría del Pueblo reiteró su confianza en las instituciones del sistema electoral y rechazó todo discurso o acto que suponga el desconocimiento de los resultados electorales.
Mediante un comunicado, afirmaron que la democracia es un valor muy preciado y el deber de los ciudadanos es defenderla en todo momento y circunstancia.
Frente a la situación de polarización e incertidumbre que vive el país, y estando aún a la espera de los resultados definitivos de las elecciones, la Defensoría del Pueblo subrayó su confianza en las instituciones del sistema electoral.
“Culminado el acto de sufragio del 6 de junio pasado, nuestra institución señaló que debían aguardarse con serenidad las decisiones de los jurados electorales especiales y del Jurado Nacional de Elecciones, cuyos procedimientos legales apegados a la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, garantizan la administración de justicia electoral en última y definitiva instancia. Resoluciones que deberán expresar la máxima motivación jurídica posible sobre los aspectos que resulten controvertidos”. Indica el documento
Rechazan actos de hostilización También mencionaron que, en su oportunidad, rechazaron los actos de hostilización que vienen sufriendo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“Hemos hecho un llamado a la intervención del Ministerio Publico y la Policía Nacional del Perú y venimos supervisando el cumplimiento de sus funciones”, mencionan.
En otro momento, reafirmaron de manera categórica que, durante la supervisión electoral realizada por su institución, no se ha advertido de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular.
Agrega que el concepto jurídico de “fraude” está referido a hechos presuntamente ocurridos en las mesas de votación y cuya dilucidación está, como lo han señalado, en manos de la autoridad electoral. Del mismo modo hemos condenado la peligrosa campaña de persecución desplegada en las redes sociales en contra de ciudadanas y ciudadanos. Los mensajes de odio difundidos y la incitación a la violencia ponen en riesgo su integridad y su vida por lo que corresponde otorgarles las garantías previstas en la ley. El uso de calificativos que atentan contra el honor personal no está cubierto por el derecho a la libertad de expresión.
Afirmamos de manera categórica que, durante la supervisión electoral realizada por nuestra institución, a lo largo del proceso electoral no se ha advertido de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular. El concepto jurídico de “fraude” está referido a hechos presuntamente ocurridos en las mesas de votación y cuya dilucidación está, como lo hemos señalado, en manos de la autoridad electoral. Finalmente, la Defensoría del Pueblo invocó a ambas candidaturas, dirigentes, militantes y simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular a guardar la calma y evitar actos de provocación o de violencia.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo invocó a ambas candidaturas, dirigentes, militantes y simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular a guardar la calma y evitar actos de provocación o de violencia.