Lo primero: respeto.
La Proclama Ciudadana que firmaron los dos candidatos afirmaba que “por sus trayectorias, programas y discursos, es urgente mantenerse vigilante ante posibles amenazas a la democracia”. Es decir, cuando ellos se comprometieron a respetar la institucionalidad democrática sabían que la ciudadanía los miraba con desconfianza.
El domingo 6 de junio por la mañana, la candidata de Fuerza Popular aseguró que respetaría la voluntad popular; de igual forma, el candidato de Perú Libre señaló que cualquiera sean los resultados el marco debía ser el de la cordura y la tranquilidad. Ese fue el acuerdo, pero en la noche cuando salían los primeros resultados ninguno de los postulantes al sillón presidencial cumplió su palabra a cabalidad.
Las votaciones se llevaron de modo pacífico señaló la OEA, que a su vez felicitó a las autoridades electorales peruanas por la organización de un proceso transparente y democrático. Los 150 observadores internacionales que estuvieron presentes a nivel nacional afirmaron que la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones tuvieron un comportamiento correcto durante la jornada electoral.
Hasta ahí, a pesar de algunos incidentes aislados que comprometían a electores simpatizantes de uno y otro partido, y que deben seguir su curso de investigación, la comunidad internacional observaba vigilante y con confianza el desarrollo del conteo de las actas electorales que ya culminó.
Sin embargo, uno de los candidatos denunció “indicios de fraude” electoral sin pruebas que lo avalen e incitó a “convocar a los ciudadanos para revelar irregularidades”, a pesar de que la Misión de Observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales aseguró que los comicios fueron organizados de manera correcta, exitosa y de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.
Es imprudente, irresponsable y peligroso desconocer un proceso que se lleva con transparencia y además utilizar informaciones falsas. En algunos medios limeños se informó sobre más de mil actas impugnadas cuando más de dos tercios de ellas estuvieron observadas, es decir, sometidas a revisión. Además, los reclamos provinieron de personeros de los dos partidos.
Se presentaron en redes sociales fotos de presuntas actas con errores que la ONPE aclaró inmediatamente; por ello, los autores de las denuncias borraron sus publicaciones. Luego, se solicitó la nulidad de 802 actas electorales por un supuesto fraude, que debe investigarse, aunque algunos de los argumentos ya fueron descartados, como el que aseguraba que los miembros de una mesa en el distrito puneño de Ácora eran familiares porque tienen el mismo apellido; no obstante, no lo son.
A inicios de mayo, Facebook eliminó 86 cuentas por actividades irregulares informando que estaban “asociadas al partido Fuerza Popular y a empleados de una empresa de publicidad”. Hay que tener cuidado con la difusión de informaciones falsas porque pueden suscitar caos y violencia en un país todavía polarizado por el tema electoral.
Lo segundo: unión.
Es urgente, desde el lugar en el que nos encontremos generar espacios de diálogo donde prime el bienestar del país para buscar los puntos comunes en los que trabajar: manejo de la pandemia, recuperación económica, lucha contra la corrupción y mejora de la educación.
Y ante el nuevo gobernante que tendremos a partir del 28 de julio, estar atentos y vigilantes para que respete los elementos esenciales de la democracia que se comprometió a cumplir.
Aunque persistan las diferencias se debe empezar a reconstruir la Nación de cara al Bicentenario y los próximos cinco años. Hoy, que el país yace moribundo unámonos para que al igual que el combatiente muerto del poema vallejiano “Masa”, podamos decir que el Perú se levantó y “echóse a andar…”.