Faltó en esos 12 puntos de Proclama Ciudadana que firmaron los candidatos Castillo y Keiko, que se mencione de una manera particular y específica, no utilizar el Estado como ente determinante y perdonador para casos particulares de indultos de Estado.
Esto más que prerrogativa es un abuso que tienen los jefes del Estado peruano para indultar a sentenciados por delitos diversos. Cuántos indultos dio Alan García a gente de mal vivir, comprometida con el narcotráfico; PPK quiso congratularse con el fujimorismo y le dio indulto al corrupto Alberto Fujimori, a pesar de esta nefasta decisión presidencial, PPK fue vacado sin pena ni gloria, y justo trabajo también del poder judicial que en buena cuenta esta decisión arbitraria de indulto fue anulada, y Fujimori volvió una vez más a su cárcel dorada.
Si Alan García, no se hubiera matado; si es extraditado Toledo de EE. UU; si PPK, Humala y Vizcarra (incluso la misma Keiko), los jueces que siguen estos casos, terminan con sentencias, ¿Seguirán gozando de cárcel dorada? Estos exclusivismos y preferencias carcelarias deben terminar.
Keiko, en su condición de candidata, ya lo dijo abiertamente que haría en un probable gobierno suyo, el mismo abuso de usar el poder ejecutivo para dar libertad a su padre sentenciado a 25 años de cárcel.
Lo ridículo de este escenario de abuso por adelantado, es, esa prensa escrita y televisiva de Lima, no escriben, no hablan una sola J; conclusión, que para la prensa limeña este caso es totalmente irrelevante, más apuntan sus páginas y gargantas a sembrar temor en la gente, atacando de mil maneras al candidato Castillo.
Es una mala práctica esta faculta de los indultos que responde a un exclusivo privilegio del beneficiado y atentatorio al mismo principio de la justicia que dice que todos somos iguales ante la ley.
Si todos somos iguales ante la ley, entonces que dejen de aplicar los famosos indultos. No puede haber en la sociedad una persona libre o en cárcel con exclusivo privilegio frente a la orfandad miserable e injusta de los demás.
ORDEN JURÍDICO Y TRATO ECONÓMICO JUSTO
Esto debe pasar por un ordenamiento jurídico de nuestra ley judicial desde la misma matriz de la Constitución que debe ser dictaminada a través de una constituyente con olor y sabor de pueblo, como dice el candidato Castillo, que el día de ayer presentó parte de su equipo de trabajo.
Para los peruanos que conocemos de los destrozos que ha sufrido nuestra patria por gobiernos entreguistas y monopolistas de la derecha que capturaron el poder al estilo de los fujimoristas que tenían como prioridad asegurarse personalmente; asegurar con grandes obras millonarias a empresarios que pagaron y pagan campañas millonarias, mientras que al pueblo del Perú profundo si es que les tenían en agenda, los tenían en la cola.
A la gente de las últimas prioridades, el tristemente célebre Alan García, les llamó personas de tercera y cuarta categoría. Este exclusivismo, el fujimorismo corrupto y todos los gobiernos de la derecha mafiosa, llevaban y siguen llevando aguas a sus propios molinos.
Urge un cambio total en el país, en todos los sectores, en todas las instituciones, en todos los ministerios.
Si a Pedro Castillo, el pueblo peruano le faculta gobernar el país, por lo menos estaría naciendo la esperanza de una nueva estructura jurídica a través de la Constitución, que no sean letras muertas como es ahora: “donde todos somos iguales ante la ley”. Algunos dicen, “no queremos una nueva Constitución, queremos un verdadero desarrollo económico”.
Este desarrollo económico que el pueblo quiere, la actual Constitución neoliberal y fujimorista no lo permite, porque tiene que dar más rédito de ganancia a los monopolios, destinar mayor recaudación para ellos, incluso exonerarlos de grandes tributos millonarios, como hicieron con la española telefónica, gracias a un Tribunal Constitucional, también vendido.
Con Pedro Castillo y su equipo, este caso injusto debe terminar y que se revierta para el bien de las grandes mayorías desposeídas y que el pueblo se asegure tener un gobierno que trabaje con derecho económico justo y con justicia igualitaria para todos.