Por: Tomás Bermúdez
Gerente del Banco Interamericano para el Desarrollo para América Latina
Si algo surge de la primera vuelta electoral, es que el 6 de junio se enfrentarán dos aspirantes a la presidencia y también dos proyectos de país que, en lo económico, guardan marcadas diferencias. Por un lado, se propone que el desarrollo del país se base en una participación más fuerte del Estado en la economía. Por otro, se plantea que las fuerzas del mercado sean el principal motor del despegue económico.
Perú no hace más que reflejar un escenario que se observa en todo el continente, en el que muchos países van alternando entre posiciones ideológicas distintas como si se tratase de un movimiento pendular.
Sumado a ello, una particularidad de Perú es la fragmentación del nuevo Congreso. Este dato no es menor, pues la doble crisis, sanitaria y económica, requiere de alianzas, algo difícil de lograr si el Ejecutivo y el Legislativo tiran para lados opuestos. Este escenario hace imperativo que los candidatos a la presidencia y los congresistas se enfoquen en hallar puntos de encuentro en los que puedan trabajar más allá de sus posiciones ideológicas.
Para ello, una de las principales áreas de trabajo que identificamos desde el BID es la mejora en la capacidad institucional para mejorar el bienestar de la población. Por ejemplo, Perú adolece de una insuficiente provisión de servicios públicos, especialmente en las zonas rurales. Ello responde, en parte, a la limitada capacidad recaudatoria y a la limitada capacidad de gestión de los gobiernos regionales y municipales. Desde el BID consideramos prioritario el cierre de brechas con enfoque territorial, priorizando inversiones que aseguren la prestación de servicios básicos de calidad.
Según un estudio del BID, Perú tiene una brecha de acceso de largo plazo de infraestructura de US$ 110 mil millones. Cerrar esta brecha no será posible si persiste el bajo grado de ejecución en las entidades públicas. En este aspecto, proponemos generar capacidades para la gestión de inversiones para todo el ciclo de los proyectos. Asimismo, innovaciones como el modelamiento virtual de los proyectos (BIM) aparecen como soluciones de corto y mediano plazo para mejorar la ejecución de la inversión pública. También planteamos mejorar las capacidades técnicas de las oficinas de inversión pública, especialmente en los gobiernos subnacionales, impulsando la meritocracia y la rendición de cuentas.
Para retomar el avance observado en la prepandemia y afianzar el crecimiento sostenible, será necesario que se alcancen acuerdos esenciales para consolidar la gobernabilidad y la transparencia. Ello también involucra una decidida lucha contra la corrupción.
Otro punto de encuentro en las agendas políticas debería ser el apuntalamiento del crecimiento mediante una mayor productividad. Actualmente, uno de los problemas del mercado laboral es la informalidad, que captura a 3 de cada 4 trabajadores y a la mitad de las pymes en el país. En el BID consideramos relevante, en el corto plazo, la expansión del apoyo económico para proteger el empleo formal, manteniendo una adecuada focalización y fomentando la colaboración público-privada. El objetivo de largo plazo debería estar orientado a acelerar reformas que atiendan aspectos que ejercen mayor presión sobre los costos laborales no salariales. Además, sería necesario mejorar la percepción de los beneficios de la formalidad empresarial, lo que facilitaría el acceso de las empresas a nuevos mercados y la adopción de mejores prácticas gerenciales, con el fin de elevar la competitividad de firmas peruanas. Igualmente, el aumento en productividad debe darse mediante el apoyo e inclusión de sectores vulnerables como las mujeres, los pueblos originarios y los afrodescendientes.
Otros países de la región han logrado llevar adelante agendas consensuadas, aun con gobiernos de diferente ideología. Perú necesita reformas estructurales para consolidar y mejorar el modelo de desarrollo y crecimiento existente hasta antes de la crisis. Después de todo, el empleo bien remunerado y seguro, la buena alimentación, educación y salud de calidad, vivienda digna, el transporte y servicios eficientes, así como un ambiente limpio y saludable, no tienen banderas políticas. Son genuinas aspiraciones de la población y, si son atendidas, se puede lograr que los gobernantes recuperen la confianza de la población.
Desde el BID creemos que, una vez alcanzados esos acuerdos esenciales, se puede comenzar a desdibujar el panorama de confrontación y la visión de dos proyectos distintos de país para dar paso a un objetivo único: una mejor calidad de vida para todos. El BID está listo para seguir siendo un socio clave para el desarrollo y, junto con otros organismos multilaterales, ayudar a forjar y consolidar esos acuerdos.