Pese a que algunos analistas lo interpretan, esos números de antipatía no son muestra de un rechazo a la clase política, sino de un rechazo más amplio y general a las élites, a aquellos que, en distintos ámbitos, llevan las riendas y tienen la voz cantante en los asuntos del país.
Unas élites que, percibimos muchos, a la izquierda y derecha del espectro ideológico polarizados no solo nos han fallado, sino que, de forma insistente, nos vienen traicionando.
En mayo de 2020, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó por última vez su informe de Percepción Ciudadana de Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones. En ese reporte nos topamos con algunos números que dan cuenta de ese rechazo.
Cuando el INEI preguntó por la confianza de los encuestados en 21 instituciones gubernamentales y no gubernamentales, la única que superó 50% fue el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. El organismo que emite nuestros documentos de identidad. Hasta cierto punto, resulta consolador que confiemos, al menos, en la institución que nos dice de manera oficial quiénes somos.
Después, todos, incluida la Iglesia católica, los partidos políticos, el Congreso y, por supuesto, los medios de prensa, desaprueban y razonaes tenemos más que suficientes.
Unas élites que, pese a verse a sí mismas como líderes de opinión y presentarse como analistas, hacen las veces de asesores en la sombra de alcaldes, gobernadores, congresistas, ministros y presidentes.
Algunas de esas élites del “jet set” que pagan un canal de televisión dedicado a promover fraudulentamente la diatriba, la intriga y a organizar agasajos camuflados de entrevistas a su candidata presidencial favorita.
Unas élites – por poner un último ejemplo – que no se inmutan con que, en un país donde la corrupción es considerada por mucho el principal problema (60.6% frente a la delincuencia con 41.8%, según el reporte del INEI).
¿Podemos culpar a la ciudadanía por no confiar en unas élites y un sistema que, desvergonzada y tenazmente, actúan de espaldas al país e ignoran sus reclamos?
Pero la verdadera prueba para la democracia peruana empezará el día 28 de julio, cuando celebremos el bicentenario de nuestra independencia y los integrantes del Ejecutivo y el Legislativo juren sus cargos para los próximos cinco años.
No queremos caer en el pesimismo, pero, lastimosamente, nada hace pensar que las cosas vayan a ser distintas a lo que hemos visto desde 2016 y, más bien, con los números delante, podemos presumir que tendremos un presidente o presidenta aún más débil que los últimos cuatro, ninguno de los cuales llegó a cumplir dos años de mandato. Tanto el Ejecutivo como el Congreso enfrentarán problemas de legitimidad ante una ciudadanía que desde ya los mira con desconfianza y que, muy probablemente, no los habrá elegido de forma mayoritaria.
Según The Financial Times, Perú es hoy el líder mundial en exceso de muertes por millón de habitantes. Y el gobierno actual y a cuestas de cuarto en tres años de crisis política rampante, sigue sufriendo para conseguir vacunas y a la fecha no ha vacunado ni a 3% de la población.
¿Podemos, a la luz de estos datos, culpar a los peruanos por no esperar nada de las élites que los gobiernan o controlan las instituciones que guían los designios del país, ya sea desde la academia, el mundo de los negocios, los empresarios, politiqueros o la prensa?
Mientras tanto, nuestros “ilustres iluminados” hablan de “defender el modelo” pero viven ajenos a la transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas que exige cualquier sociedad democrática medianamente funcional. Soñando con un borrón y cuenta nueva para que todo siga igual.