En los últimos días el país ha sido testigo del escándalo de las Vacunas VIP, que ha puesto en evidencia cómo un grupo de por lo menos 487 personas, que incluye altos funcionarios de estado, políticos y empresarios, entre otros personajes, han sido inmunizadas en secreto y en forma indebida con vacunas de la Corporación China Sinopharm.
El escándalo revela la gravedad de la crisis institucional que vive el Perú y las dificultades para enfrentar los retos de la pandemia (que en el Perú alcanza la más alta tasa de mortalidad del planeta)
La tolerancia a la opacidad, falta de protocolos claros y públicos, arbitrariedad en la asignación de vacunas, excusas particulares y privilegios expuestos en el caso de las vacunas configuran un escandaloso hecho de corrupción que se debe investigar y sancionar.
Razón por la que las investigaciones de justicia deberían garantizar en el corto plazo el derecho a la verdad. Basta de privilegios y tolerancia al uso indebido de los bienes públicos.
Estamos próximos al Bicentenario de la Independencia y preocupa que el Perú siga siendo un país de desigualdades en donde los privilegios son normalizados en una red de conexiones destinadas a ponerse por encima de la propia vida de otros y eso no lo toleramos más.
No toleramos más funcionarios, congresistas ni lobbystas anteponiendo sus intereses a las necesidades de las mayorías, hoy nos urge recuperar el Estado y el futuro para la gente.
Siendo la vacuna contra el COVID 19 un bien público al que tienen derecho todas las personas, se debe garantizar el acceso a éstas en forma universal, gratuita y oportuna. Nadie puede ser discriminado del uso de la vacuna y su gestión es de total responsabilidad del Estado. Preocupa que, a pesar de la gran expectativa de la población de acceder a ella, su alcance pueda estar amenazado por el lobby de algunos grupos empresariales, con el argumento que su participación mejoraría la eficiencia de la distribución.
Por el contrario, se puede advertir que su participación constituiría el primer paso de la mercantilización de la vacuna, convirtiéndose así en un factor más de agudización de las desigualdades y exclusiones.
El Estado tiene la obligación de tomar decisiones y garantizar acceso a oxígeno. No podemos seguir contemplando el dolor y esfuerzo de miles de personas que hacen colas con la esperanza de conseguir oxígeno para sus familiares y amigos.
El Estado no hizo lo suficiente para aumentar la producción de oxígeno medicinal y dotar de plantas generadoras de oxígeno a los centros hospitalarios, en San Martín se logró avances con la instalación de plantas de oxígeno, lo que no sucede en regiones vecinas.
Ya no se trata sólo de regular el precio del oxígeno medicinal. No. El Estado debe tomar medidas drásticas, de acuerdo a nuestro ordenamiento legal, para que la producción privada de oxígeno medicinal atienda las necesidades de los establecimientos de salud públicos y privados.
La vida está por encima de cualquier interés comercial privado.
En medio del dolor por la pérdida de seres queridos, el caso de las vacunas profundiza la crisis que vivimos y pone en evidencia la falta de transparencia en los actos de altos funcionarios, quebrando la frágil confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones y autoridades.
Necesitamos conocerlos avances en compras y contrataciones de vacunas, las metas y plazos previstos para alcanzar la inmunización de la población, es especial aquellos en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión.
La participación ciudadana es una garantía contra la corrupción y un medio para recuperar la confianza y esperanza perdidas con el escándalo.
Seguimos comprometidos por fortalecer el Estado y su rol rector del sector público, para lograr avanzar y disminuir las desigualdades.
DATO: De acuerdo a la data oficial de la Sala Situacional del MINSA se habrían producido cerca de 50mil muertes a causa del COVID 19, y según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), estaríamos próximos a las 100mil defunciones para el mismo periodo.