Hace ratos que entramos ya a un país donde los escenarios de gobierno son precisamente lo contrario: un país ingobernado, o simplemente el país que es gobernado contra los intereses económicos del pueblo.
En el Perú y en cualquier parte del mundo no debe ser autoridad cualquiera; pero sobre todo en el Perú cualquiera es elegido para ser autoridad. Las consecuencias letales están a la vista: todos los días robos en todas sus características, desde el hampón sucio y desarreglado de la calle hasta el más refinado ejecutivo que su sola presencia nos hiciera pensar que es el depositario de la seguridad y confianza.
De qué maldita cosa sirve el artículo 1° de la Constitución, cuando dice que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
Como sociedad peruana ya quisiéramos ser el fin supremo de la dignidad y el trabajo rentable para todos; como Estado ya quisiéramos ser el fin supremo de la justicia que castigue de verdad al delincuente, sea este funcionario público de alto nivel o simplemente sea un ciudadano común y corriente.
Como sociedad tal como la concebimos, donde se refugia el delincuente funcionario o común sin que la justicia le caiga como castigo, estamos ya por demás con este tipo de sociedad que todo exabrupto permite de sus delincuentes de alto y bajo nivel y no se castiga absolutamente nada.
¿Cuándo marcaremos precedente para los que aspiran a ser autoridades elegidas por el voto popular o designadas a dedo, midan profundamente las consecuencias antes de actuar delictivamente?
Actuar delictivamente es inmunizarse a espaldas de millones de peruanos como Vizcarra y una larga lista de privilegiados que siendo funcionarios de alto nivel actuaron para cuidar primeramente sus pellejos, importándoles absolutamente nada el dolor del pueblo.
Actuar delictivamente es apelar contra los intereses de miles de pensionistas de la ONP; es decir, el jefe de Estado cae en estado delictivo cuando les niega los derechos económicos a miles de pensionistas. Cuando debería ser todo lo contrario.
El Estado debería ser el garante que acompañe al trabajador desde que éste tiene derechos y deberes y no convertirse en suscriptores de recortes de derechos y estrictos más bien en las exigencias y presiones.
Actuar delictivamente es también la manera cómo actúan los miembros del Tribunal Constitucional, dando la razón a un Estado empeñado en oscuros intereses contra los pensionistas y trabajadores; dándole la razón también a una empresa millonaria extranjera como es telefónica que muy bonachonamente los señores del TC les perdonaron una deuda millonaria.
Lo triste en este aspecto, los candidatos presidenciales no tienen una posición firme y fuerte contra estos actos que desmotivan a la ciudadanía. Bastante blando por ejemplo la posición del candidato Guzmán cuando la prensa le preguntaba sobre la actitud de los señores del Tribunal Constitucional… respondió que es inoportuna.
Ósea esta condonación del Tribunal Constitucional a la empresa millonaria Telefónica, ¿Cualquier otro momento podría haber sido oportuna?
Actitudes como estos sin marcar ninguna posición radical y firme contra el abuso delictivo de las autoridades, ocurren simplemente por una sola lógica: los candidatos son blandos, sin ninguna posición que marque la diferencia a favor del pueblo, sobre todo son de la misma estirpe: sienten y piensan a favor de los grandes intereses.
NO SON CONFIABLES
Qué podemos esperar de una Keiko, que quedando en el segundo lugar el 2016 abortó un Congreso de amplia mayoría fujimorista que no hicieron nada en materia de leyes y fiscalización contra la corrupción, al contrario, abortaron a su vez a un Vizcarra que resultó ser el que más miraba y trabajaba a favor de sus intereses, familiares y conocidos.
Qué podemos esperar también de un Acuña que hace gala mayormente de sus millones, indicando que tiene un billón de dólares como patrimonio; confunde a su vez experiencia de gobierno edilicio y regional con experiencia de gobierno de Estado nacional que nunca tuvo. Dos realidades diferentes frente a una dimensión macra como es la administración del Estado, donde muchos, aun los más supuestamente honestos y santos, sucumben a sus atractivas tentaciones del poder.
Ciertamente fue dos veces congresista, pero fue triste y célebremente desconocido, como muchos, igual que el actual jefe de Estado, Sagasti. Como congresista a nivel nacional, nadie le conocía, solamente su gente del grupo morado.
Qué podemos esperar de un Humala, que hoy habla cómo debe hacerse el manejo administrativo del Estado, cuando en su momento de tremenda oportunidad que tuvo, no lo hizo y decepcionó a millones de electores.
En fin, qué podemos esperar de los demás candidatos, si primero, no le ponen en su sitio a la clase millonaria y al monopolio peruano, incluyendo grandes medios de comunicación y periodistas opinólogos con sabores a zalamería; si primero no ponen orden en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio Público y Tribunal Constitucional, donde se tejen toda la madre de la impunidad.