La Asociación Nacional de Periodistas del Perú considera crímenes de Estado la muerte de dos civiles en el marco de la legítima protesta ciudadana en el país. Dichas muertes deben ser llevadas a los tribunales internacionales y someter a la justicia a los responsables políticos a quienes la renuncia a sus funciones no exime de juicio.
La ANP recuerda que la Policía Nacional del Perú es una institución altamente jerarquizada por lo que hay responsabilidades políticas en este nivel de represión policial no visto en los últimos 30 años. Deploramos, en ese sentido, que el renunciante Manuel Merino de Lama y Antero Flores-Aráoz, en su condición de primer ministro, felicitaran públicamente el accionar de efectivos policiales en los operativos de contención de las protestas, a pesar de las detenciones arbitrarias, agresiones y graves limitaciones al trabajo periodístico denunciadas en el marco de las mismas.
Dichas violaciones a los derechos humanos se han producido en un contexto de uso desproporcionado de la fuerza policial ante el legítimo derecho a la protesta de la ciudadanía, vulnerando no sólo ordenamiento jurídico nacional, sino todo estándar interamericano fijado sobre el particular.
La ANP ha contabilizado en los últimos cinco días 38 ataques a periodistas. Del total de estos, 31 han sido perpetrados por agentes policiales y siete por sujetos no identificados. Periodistas y fotoperiodistas fueron deliberadamente atacados a pesar de tener visible su identificación de prensa.
En estos días de signo trágico para el país, la ANP expresa su pesar a las familias de los asesinados, demanda inmediata intervención del Ministerio Público para formalizar acción penal contra Manuel Merino de Lama, Antero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez Limo y los jefes de la Policía responsables del operativo e invoca a los actores políticos del país alto sentido de Estado para restablecer el orden democrático.
De cara al bicentenario de la patria nuestras mayores banderas deben ser el respeto al derecho a la vida, a la expresión, a la opinión, a la manifestación, garantías para el derecho a la información y la sana convivencia democrática.
Finalmente, la ANP reafirma su compromiso de cumplir con su rol gremial de velar por la vida y trabajo de las y los periodistas en el país y de su tarea de vigilancia permanente para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.