El 24 de junio de este año 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expidió una sentencia en el caso Guzmán Albarracín Versus Ecuador.
Este caso se refiere a la violencia sexual ejercida sobre una adolescente de 14 años, por parte del Vicerrector de su Colegio Estatal, y el médico de la institución donde estudiaba; luego de dos años de sometimiento a los abusos sexuales, bajo la promesa de hacer que aprobara sus cursos, Paola Guzmán Albarracín, se suicidó. Se denunció al causante del abuso, quien huyó de la justicia y las acciones judiciales prescribieron antes de que fueran detenidos.
La madre y la hermana de Paola, acudieron a la CIDH, y esta Instancia Internacional dio una importante sentencia, que si bien corresponde al Ecuador, crea jurisprudencia para todos los países de la región latinoamericana..
Es preciso, antes, recordar lo que sucede en nuestro país y en nuestra región,. Es de conocimiento de Directivos y docentes, padres y madres de familia, y medios de comunicación que en las escuelas y colegios es frecuente el abuso sexual a las niñas, niños y adolescentes, y con mayor incidencia en el ámbito rural. Una serie de denuncias administrativas conllevan a que los agresores sean recolocados en otros colegios o en la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL. La mayoría de los casos quedan impunes y los agresores sienten que pueden seguir sus funestas costumbres.
En Prodemu y Clacai, no nos cansaremos de repetir que la violencia sexual, destruye la vida de las víctimas, las vuelven temerosas, sufren trastornos de sueño, de ansiedad, impiden la creación de un proyecto de vida a futuro, producen embarazos no deseados y en muchos casos las y los induce al suicidio como una manera de librarse de esta opresión.
La Escuela, después del hogar debería ser el lugar más seguro para las y los estudiantes, sin embargo, la relación de poder entre el profesorado, directivos, y alumnos y alumnas se trastoca en abuso que discrimina, que maltrata, que acosa y violenta y eso sucede porque no tienen formación de género ni en derechos y se resisten a cambiar el sistema patriarcal que les da tantos privilegios como abusar de los más débiles.
La CIDH advierte que es obligación del Estado: a) capacitación del personal educativo en género y en el abordaje y prevención de la violencia sexual; b) Detección de actos de violencia sexual en el ámbito educativo y su denuncia; c) Orientación, asistencia y atención a víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo y a sus familiares; d) enseñanza de educación sexual integral; e) campañas de educación y sensibilización.
Es necesario que estas recomendaciones sean tomadas en cuenta, pues aunque la pandemia hace que los niños, niñas y adolescentes no concurran ahora a la escuela, pronto lo harán y estarán de nuevo a merced de los abusadores. Estemos atentas, atentos y denunciemos estos casos, para que cuando enviemos a nuestras hijas e hijos a la escuela podamos respirar con tranquilidad y no estar siempre atemorizadas por lo que les puede pasar. ¡Educación sí ¡con directivos y docentes responsables, respetuosos de los derechos de niños, niñas y adolescentes.