La violencia sexual y la violación sexual es la pandemia anterior a todas las pandemias, que se agudizó con la pandemia del COVID 19, pues una de las medidas tomadas para su prevención fue la cuarentena, es decir, el confinamiento en los hogares de todas las familias.
Circunstancia que puso y pone a niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas a merced de los victimarios.
Un dato estadístico del Ministerio de la Mujer, nos revela que solo en el mes de Setiembre, se produjeron casi 4,000 casos de violencia que fueron denunciados, de estos 767 fueron violaciones a niñas menores de 15 años.
La violación sexual trae consecuencias funestas para las víctimas: destruye la autoestima, la víctima vive bajo el miedo lo que produce depresión, induce al suicidio, destruye sus planes de vida futura, interrumpe su educación, contrae enfermedades de transmisión sexual y en muchos casos termina en un embarazo y maternidad no deseados.
Entre todas estas tragedias la mayor es cuando el embarazo se da en niñas menores de 14 años, pues, como la niña no ha terminado su desarrollo biológico, sicológico y social, tampoco tiene una preparación óptima para cumplir la función de la maternidad, por lo que el embarazo es un peligro para su vida y un riesgo mortal para el fruto por nacer, sin muchas o ninguna posibilidad de vida sana.
La Asociación PRODEMU y CLACAI, vienen realizando una campaña para que la población conozca el Protocolo de Actuación Conjunta entre el MINSA y los Centro Emergencia Mujer- CEM- para estos casos de violación- donde, se establece que las víctimas tienen derecho al uso de un KIT de EMERGENCIA, que debe proporcionarles la anticoncepción oral de emergencia o píldora del día siguiente, para evitar un posible embarazo, y en el caso de un embarazo, tener la información y la posibilidad del aborto terapéutico (Ley del año 1924).
En nuestro país, el aborto es una opción para las mujeres con embarazos no deseados si y tienen dinero para pagar una clínica especializada y someterse a esta práctica médica con seguridad para su vida. A quienes no tienen dinero, el Estado tiene la obligación de garantizarles este derecho para preservar su salud y su vida. Sin embargo, la realidad es otra, los médicos, médicas, obstetras, personal administrativo, que tienen la obligación de hacerlo, de informar sobre el aborto terapéutico, y prestar el servicio, no cumplen con la aplicación del Protocolo, en muchos casos bajo el pretexto de objeción de conciencia. Y el Estado no cumple su función de sancionarlos penal y administrativamente, obligando así a niñas a embarazos forzados.
Es preciso señalar también, que frente al embarazo infantil, los violadores deben ser duramente castigados, apartarlos de la sociedad por todo el tiempo que tengan de vida. Aquellos que no entienden que el respeto es lo que nos hace civilizados, no pueden seguir haciendo que los abusos sean el signo y la impunidad los anime a continuar abusando y convirtiendo la sociedad en una jungla.
El comportamiento abusivo tiene su origen en los estereotipos que, muchos opositores a los derechos se empeñan en mantener, la creencia de que las mujeres, niñas o adultas son objetos de uso. Hay que recordarles que somos personas con el derecho humano a la integridad y al buen trato.
El bienestar de los niños, niñas y adolescentes, son responsabilidad nuestra, los adultos y adultas.
Hagamos de nuestros hogares, lugares seguros, no la trampa mortal para nuestras hijas e hijos.