PIDEN GARANTÍAS A LAS AUTORIDADES, PERO NO SON ATENDIDOS
El asesinato de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, ocurrido el 11 de setiembre del presente año, es un hecho que lamentamos profundamente las y los que sabemos lo difícil que es cuidar nuestros bosques sin el apoyo del Estado, manifiesta la red de conservación ‘Amazonía que Late’. Roberto fue asesinado después de haber pedido garantías para su vida, desde el 2012, sin ser atendido; y de haber realizado numerosas denuncias por delitos ambientales ocurridos en la concesión forestal que gestionan desde el año 1995. Roberto Carlos Pacheco Villanueva era hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, actual vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, luchador incansable en contra de la minería ilegal en Madre de Dios. Él y su padre habían recibido amenazas de muerte por mineros ilegales e invasores de su concesión forestal.
Pero este atentado contra la vida es lo que encabeza la lista de actos delictivos y amenazas recurrentes contra nuestra propia vida. Solo en este año han asesinado a cuatro defensores ambientales; han pretendido invadir para tráfico de tierras o cultivos ilegales y han realizado tala ilegal en concesiones para conservación y áreas de conservación privada en San Martín, Loreto y Ucayali; han habido incendios provocados adrede en la áreas de conservación privada y comunal en Amazonas y Madre de Dios, uno de los últimos, el incendio provocado en el área de Conservación Privada (ACP) “K’erenda Homet: Nature Reserve”, ubicado también en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, propiedad del Sr. Víctor Zambrano y también presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, informó la red ‘Amazonía que Late’.
En este sentido, ‘Amazonía que Late’ exige:
1. Que se haga justicia y sancionen con todo el peso de la ley a los asesinos de nuestro hermano y defensor ambiental Roberto Carlos Pacheco Villanueva, al igual que a los hermanos Arbildo Meléndez de Huánuco; Gonzalo Pío de Junín; Lorenzo Wampagkit de Amazonas; quienes también fueron asesinados por defender su territorio en lo que va del año.
2. Que el Congreso de la República deje de lado los intereses personales y de grupos económicos, e implementen medidas específicas para proteger a las defensoras y los defensores ambientales, y les permitan contar con garantías para sus vidas.
3. Que el Estado peruano visibilice y reconozca la importancia de la conservación voluntaria y comunal, brindando soporte institucional y atención, en las denuncias que realice, en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones.
4. Que se ratifique el Acuerdo de Escazú en el Perú, acción que es urgente ya que es el primer tratado de derechos humanos que reconoce a las defensoras y los defensores ambientales y la necesidad de establecer mecanismos de protección.