Para el abogado liberal, Enrique Ghersi: Vizcarra tendría que renunciar “si le queda algo de dignidad”, pues su Gobierno “moralmente está terminado”. Para Ghersi los audios revelan claramente obstrucción a la justicia y una probable organización criminal en Palacio. A consideración del jurista, la moción de vacancia contra el jefe de Estado «es inevitable», pero, remarcó, al mandatario se le debe dar “derecho de defensa irrestricto”. “Los audios revelan una incapacidad moral absoluta para gobernar. Corresponde que el Congreso, con respeto absoluto por el debido proceso, haga cumplir estrictamente la ley”, declaró.
“Los audios revelan claramente obstrucción a la justicia, estamos frente a posibles delitos gravísimos. Pero, además, está la responsabilidad política inocultable del jefe de Estado grabado posiblemente por su propia secretaria encabezando todos estos hechos”, agregó.
Carlos Caro: Se puede configurar el delito de obstrucción a la justicia.
El abogado penalista Carlos Caro consideró que en los audios difundidos este jueves por el congresista Edgar Alarcón que complican al presidente Vizcarra se podría configurar el delito de “obstrucción a la justicia”, dado que, según la primera grabación, el presidente induce a testigos a que mientan.
En el audio se le escucha a Vizcarra coordinar con sus asesores para que declaren ante el Congreso y la Fiscalía que Swing acudió solo 2 veces a la sede del Ejecutivo y no 5. “Tenemos cinco ingresos (Mirian Morales interrumpe para decir que un sexto ingreso lo sacaron), uno para Mirian Morales, otro para Karem Roca Luque, que estos dos son los que están registrados, y hay tres que no (están registrados), uno para Oscar Vásquez y dos para mí. (…) Lo que tendría que decirse es que ingresó dos veces, que las demás veces han sido pedidos, solicitudes, que en un momento se han tramitado tal vez, pero nunca entró porque no llegó a formalizarse”, orienta el jefe de Estado.
Al respecto, Caro manifestó que los audios tienen valor y no pueden considerarse ilícitos. “La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ya han establecido en varios precedentes (Vladivideos, Petroaudios, Agendas de Nadine) que, cuando se viola un derecho privado para conseguir una prueba, este derecho queda en un nivel secundario frente al interés público. (…) Es un tema de simple ponderación”, expresó el jurista.