Por disposición de Fiscal del equipo especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche
Es investigado por adjudicaciones de las obras de la red hospitalaria en San Martín.
La acostumbrada tranquilidad en la cuadra cinco del jirón Perú, en el Barrio La Hoyada de la ciudad de Tarapoto se vio alterada, cuando minutos después de las siete de la mañana de ayer lunes 17 de agosto, llego al lugar un contingente policial y entre ellos un grupo de fiscales que luego se supo, investiga posibles coimas recibidas por funcionarios de la gestión (2077-2014) del ex gobernador regional César Villanueva Arévalo en la licitación y entrega de buena pro de los Centros Hospitalarios que forman parte de la llamada “Red Hospitalaria” en San Martín.
Luego de unos minutos, se supo que el grupo fiscales allanaban la propiedad del ex jefe de la oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo por disposición del fiscal Germán Juárez, fiscal titular del Equipo Especial Lava, quien mediante mandado judicial dispuesto por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, de Lima, realizaron allanamientos en los inmuebles ubicados en la avenida Javier Prado Este 3092, Distrito de San Borja, Lima, Calle Los Poetas N°110, piso 4, de la urbanización Los Álamos, del Distrito de Santiago de Surco; Calle Monte de Oro N°105, departamento 1001, y en la Urbanización Valle Hermoso de Surco; todos sería de propiedad del abogado Silva Dávila.
La diligencia en Tarapoto se realizó con total hermetismo, sin embargo, cerca de los 10 y 30 minutos de la mañana el equipo de la fiscalía que realizaba el allanamiento, retiró equipos de cómputo, documentos, usbs, de la propiedad del jirón Perú; las diligencias continuaron pasado las seis de la tarde.
Según la historia retrospectiva del caso, Juan Carlos Silva Dávila, había sido abogado y funcionario de la última gestión aprista que tuvo a Max Ramírez, como expresidente regional hasta ese entonces; se mantiene durante la primera gestión de César Villanueva Arévalo. Pero en el 2012, comienza a ganar notoriedad cuando, aun siendo abogado de la institución, Proyecto Huallaga, mediante Ordenanza Regional 512-2012, firmada por Villanueva, asume de la Presidencia del Directorio del Órgano Ejecutor.
Luego en el 2013, comenzarían a filtrarse documentos, en el que aparecen las obras de mayor relevancia o de mayor envergadura, y donde siempre habría salido dando la buena pro a los procesos, como presidente del comité, el abogado Juan Carlos Silva Dávila.
En ese mismo año, 2013, se inician los procesos de una mal llamada Red Hospitalaria, en el que se hacen procesos, para la licitación de ejecución de elaboración de expedientes técnicos, construcción de infraestructura, e incluso de equipamientos de los establecimientos de Salud de Tarapoto, Bellavista, Picota, Huallaga – Saposoa, San José de Sisa, Moyobamba, Jerillo y Rioja.
Todos los centros hospitalarios, según contratos debían entregarse entre el 2015 o 2016. Luego de cumplido los plazos y entregado las adendas; algunos de los Hospitales o Centros de Salud habrían sido ejecutadas e implementadas por empresas que aparentemente formaban parte del denominado Club de la Construcción, empresas que se habrían repartido obras a nivel nacional según sus interés y conveniencias.
Además, a Juan Carlos Silva, se le sindicó como uno de los funcionarios más cercanos a César de Villanueva, por su aparente relación más que laboral; incluso era más que vox populi, que era en realidad el abogado quien habría tenido la decisión final en los procesos de mayor envergadura. Es más, resultaba curioso el hecho de que un abogado, que solo tenía trabajo conocido como funcionario del Proyecto Huallaga, donde su sueldo no pasaba de los 7 mil soles, haya logrado obtener bienes en Chiclayo, Trujillo, Lima, Tarapoto; e incluso habría logrado obtener empresas y hasta una posible flota de avionetas.
Razón por el que se le investiga a él y a otros funcionarios de la gestión “Verde de Nueva Amazonia” por el delito de corrupción funcionarios – colusión, cohecho pasivo impropio y organización criminal en agravio del Estado – Gobierno Regional de San Martín.
ADEMAS, medios nacionales informaban que, durante la intervención a una de las viviendas de Surco, en Lima, se detuvo a Juan Carlos Silva Dávila, sobre quien también pesaba una sentencia a seis años de prisión suspendida por otro caso en el que se le halló culpable de colusión desleal y que también implica su gestión en el proyecto especial.