María Laura Muñoz es una mujer con discapacidad por secuela de parálisis cerebral y ha logrado a base mucho esfuerzo acabar los estudios escolares, universitarios y de postgrado, sin embargo, al buscar trabajo todas las puertas le fueron cerradas por su condición de discapacidad ya que ella presenta dificultades al hablar y movimientos involuntarios. Esta situación la viven a diario muchas mujeres con discapacidad visual, física, intelectual para quienes las empresas estatales o particulares no realizan los ajustes razonables que les permitirán acceder y sostener un empleo.
“Las mujeres con discapacidad reclamamos por la continua discriminación y violencia que nos afecta cuando buscamos acceder a una oportunidad laboral y por la carencia de un transporte accesible que nos permita sostener un trabajo ya que muchas de nosotras gastamos 800 al mes en taxis y ganamos mil soles”, dijo Rosa María Juárez, vocera del proyecto “Impulsando el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y discriminación en Perú”.
Agregó que además de la violencia física o psicológica, el colectivo de mujeres con discapacidad se considera también violentadas cuando ignoran sus capacidades, cuando no se cumple con la cuota laboral, o cuando no son incluidas en las políticas de género. La violencia contra las mujeres con discapacidad es otro de los problemas de la falta de empleos, puesto que muchas víctimas no rompen el círculo con el agresor (pareja o alguien de la familia) por la dependencia económica en la que viven.
Según un estudio del INEI el 2018, en el Perú el 31% de mujeres con discapacidad trabaja frente al 49.7% de hombres en esa condición, y esto se debe a que ellas enfrentan más barreras de acceso al mundo laboral. El sondeo también señala que más mujeres con discapacidad (46.1%) que hombres (37.3%) tienen un ingreso promedio menor al sueldo mínimo que actualmente es de S/930 mensuales.