Las políticas públicas orientadas a la titulación de predios rurales en el país ha sido una constante desde los años 90, a pesar de los diversos inconvenientes en su implementación y con limitada cobertura sobre los programas de formalización y titulación de predios, todas ellas con el enfoque, que, la condición de propietario de la tierra, contribuya a la mejora de sus condiciones de vida, por ende un factor para fomentar el desarrollo socio económico de las poblaciones y reducir las brechas de pobreza y exclusión social.
Dada la alta demanda existente en el país por la titulación de predios rurales, por quienes son pequeños pobladores de las zonas rurales alto andinas y de la selva, este proceso resulta ser progresivo, pues las capacidades operativas con las que cuenta el Estado son limitadas; considerando en el sistema legal las leyes que fomentan políticas públicas para llevar adelante este proceso consistentes en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales –Ley 27867 por el cual se regula que estas entidades regionales están facultadas a la promoción, gestión y administración del proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, los criterios legales que se consideran con el Decreto Legislativo Nº 1089 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA, que regulan el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales y el Decreto Legislativo Nº 653 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 048-91-AG, que regulan la formalización de aquellos predios con extensiones mayores y que sean adquiridos a título oneroso.
En este contexto, el problema de la formalización de la propiedad rural, tiene diferentes ángulos, que incluyen las limitaciones organizacionales de las instituciones públicas, la migración y asentamiento de poblaciones en zonas de protección o de riesgos de desastres, la multiplicidad de actores, las limitaciones de presupuesto, la superposición de derechos, que hace que los programas que se implementan no siempre tengan la cobertura esperada, o que no todos puedan acceder a ello con la celeridad que todo poblador rural espera.
Abordando el contexto de la región San Martín tras la apertura de la carretera Marginal de la Selva, el ámbito de la migración, ha traído como consecuencia que muchas de la poblaciones se han asentado en zonas, que según la capacidad de uso mayor de la tierra, no son aptas para el desarrollo agropecuario por ser tierras forestales o de protección, contraviniendo los preceptos legales y técnicos, que estiman que en estas zonas no puede desarrollarse actividad agrícola, ni ser tituladas.
En este marco, abordando la problemática de la región San Martín, desde el año 2004 como alternativa de solución se inició un proceso para implementar la Zonificación Ecológica, Económica por el cual sobre la base de las potencialidades y limitaciones del territorio, se ha definido el proceso de ordenamiento, ocupación y uso; en consecuencia, desde el punto de vista de la titulación de los predios, este instrumento de gestión constituye un elemento que tiene que ser valorado de forma eficaz al momento de definir los procesos para otorgar títulos de propiedad en zonas rurales de la región.
Desde la óptica de los beneficios que trae la titulación de predios en las zonas rurales, se hace evidente en el acceso a servicios públicos, el otorgamiento de créditos, el incremento de las inversiones en su parcelas y con ello el incremento de la productividad de sus cultivos y crianzas, incremento de sus ingresos, mejora de las viviendas o acceso al empleo; pero para que ello sea mucho más eficiente, se debe complementar con otras intervenciones como, vías de comunicación, programas de asistencia técnica en producción y articulación al mercado; mejora de los servicios de educación, salud, seguridad, entre otros.
Es decir los programas de titulación son necesarios para disminuir brechas sociales y económicas de los pobladores rurales, pero no son una condición suficiente para salir de la pobreza, que debe ser complementada con otras intervenciones del Estado.
Por consiguiente los pobladores rurales al contar con un título de propiedad de su parcela, obtienen la seguridad jurídica contando con mejores oportunidades para lograr su competitividad en la actividad agraria; sustentada con la obtención de mayores incentivos para invertir en sus cultivos o crianzas que desarrollan, abriendo canales para la vinculación al acceso del crédito formal, el mismo que se plasma mediante la oferta del sistema financiero formal que casi de inmediato amplía su oferta de crédito a quienes tienen derechos de propiedad más seguros, el mismo que mejora la productividad y por consiguiente los ingresos.
Se espera que como el proyecto de titulación “Mejoramiento del Servicio de Catastro, Titulación y Registro de predios rurales en las 10 provincias de San Martín”, que hace unos días anunciara el Gobierno Regional de San Martín, el mismo que tiene una meta de otorgar títulos de propiedad de 90,000 predios rurales, debe enmarcarse en cumplir con los lineamientos ya establecidos en la Zonificación Económica y Ecológica; así como en la la aplicación de los criterios de vulnerabilidad del territorio ante situaciones de desastres naturales y protección de cuencas; a fin de que el impacto que este proceso tendrá sobre el desarrollo socio económico de las poblaciones rurales conllevará a que estas comunidades cuenten con seguridad jurídica y el ejercicio pleno de derechos sobre sus parcelas, y esta será potenciada en la medida que las otras intervenciones planteadas por el Gobierno Regional y los sectores del Nivel Central cumplan a cabalidad sus metas planteadas.
Pero además se espera que esta titulación repercuta sobre los beneficiarios que perciban criterios de inclusión social, tales como el enfoque de género a nivel intercultural, sustentado en experiencias donde las mujeres que son las titulares de los predios, no siempre se acercan a solicitar los servicios de los responsables de la titulación por razones de autoexclusión o criterios machistas que hasta la fecha prevalecen; y el enfoque intercultural, donde las comunidades nativas, como sujetos del derecho a la tierra también sean incluidas como parte del programa; pues ello garantizará que se les reconozca uno de los derechos colectivos consagrados en el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política.