Ejecutivo asume medidas que bloquean crecimiento
El presidente Vizcarra anunció que el proyecto de cobre Tía María (en Arequipa) no va durante su gobierno, alentando de esta manera a los sectores antimineros que buscan bloquear a las minas emplazadas en el sur. El sector Produce, allanándose a las campañas del ecologismo radical, ha modificado la manera de nombrar al presidente del Instituto del Mar Peruano (Imarpe), golpeando de esta forma a una de las entidades claves en el éxito de la política pesquera. Y si bien el Ejecutivo amplió la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (ley 27360) por diez años, es más que evidente que las inversiones agroindustriales requieren más de una década para madurar.
Más allá de cualquier intención, el retroceso del Ejecutivo en Tía María pone en aprietos a las demás minas del sur, que están bajo el asedio radical: Cerro Verde, Las Bambas, Quellaveco, Antapaccay y Constancia, entre otras. El extremismo se sentirá empoderado. Cambiar la manera de elegir al presidente del Imarpe (entre los almirantes en retiro con más de 35 años de experiencia) por un concurso público, si bien puede causar una buena primera impresión, ignora que la mencionada institución es la mejor del mundo en la preservación de la biomasa pesquera y se ha convertido en un ejemplo de política científica para otras naciones del planeta. Ampliar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria solo por una década revela que no hay consciencia de que una inversión agroindustrial requiere por lo menos una década para empezar a rendir utilidades. Basta una encuesta, una pequeña investigación para entender el tema. ¿Qué inversionista se aventurará con capitales millonarios si solo tiene ley por diez años?
¿Qué significan estas decisiones del Ejecutivo? Que no existe consciencia de la gravedad de la situación y del frenazo en el proceso de reducción de pobreza. Como todos sabemos, el año pasado la economía apenas superó el 2% de expansión, una cifra que no permite absorber la demanda de empleo de los 250,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la economía. Sin gestos y normas claras a favor de la inversión, la economía seguirá ralentizándose y los millones de ex pobres que se convirtieron en clases medias precarias serán terreno fácil para los discursos populistas. En otras palabras, los ex pobres se volverán contra el modelo económico y social que les permitió superar este flagelo social, ante la evidente reducción del bienestar.
Ni siquiera estamos hablando aquí de una nueva ola de reformas que incrementen la productividad y la competitividad de la economía. Por ejemplo, una reforma laboral que establezca en toda la legislación laboral los criterios de flexibilidad para contratar y despedir presentes en la Ley de Promoción Agraria. No estamos hablando de ese tipo de medidas, que tendrían carácter revolucionario, sino de un Ejecutivo coherente que asuma decisiones considerando que sin inversión privada no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay empleo de calidad y, por lo tanto, no existirá proceso de reducción de pobreza.
Las campañas ideológicas de la izquierda han impuesto el sentido común acerca de que la inversión privada es solo un factor más del crecimiento y la reducción de pobreza. Detrás de esta percepción está la idea de que el Estado es el principal promotor de la prosperidad, mediante la redistribución de la riqueza nacional. La ceguera ideológica colectivista es de tal magnitud que la tragedia de Venezuela –generada por llevar hasta el paroxismo la idea de que el Estado distribuye bienestar– solo se atribuye a las campañas de desprestigio de la derecha latinoamericana.
Si los partidos políticos –más allá de la grave crisis que los afecta– y las élites políticas y económicas no son capaces de reaccionar, tarde o temprano la grave crisis política que atraviesa el sistema republicano se cruzará con la debacle económica, creando un escenario a favor de la aventura y de los colectivismos que solo pretenden el poder por el poder.