San Martín no puede esperar, tenemos que reactivar la economía productiva de San Martín. Tenemos que optimizarla, tecnificarla e innovarla. Hacer que nuestra agricultura se regenere y eso hará que nuestros agricultores reciban el precio que merecen. Trabajar la diversificación y la abrir la biodiversidad no podemos seguir separando nuestra tierra, nuestra gente y su ingreso económico. Solo así reactivaremos la cadena productiva, la comercialización y de valor agregado para cafe, cacao, arroz, maíz, plátano refirió la candidata en una reunión pública con dirigentes del campo en Nueva Cajamarca este último fin de semana.
Servicios básicos colapsados
En una entrevista a un medio de comunicación la cadidata abordo el tema de los servicios básicos colapsados y proyectos de saneamiento paralizados; “en Moyobamba, Tarapoto, Juanjui, Tocache y Nueva Cajamarca tenemos agua por horas; desagues colapsados y nuestros ríos son vertedero de aguas contaminadas, esto no puede seguir así”, señaló la candidata.
En ese sentido, instó a los alcaldes de los 77 distritos y a los alcaldes de las 10 capitales de provincia para priorizar sus gestiones con el ejecutivo y el gobierno regional, para cubrir las necesidades básicas de nuestra población.
Aplicar “muerte civil para los funcionarios corruptos”
La economía está paralizada, la misma que se ha visto afectada por los casos de corrupción en el país. Como partido, hemos fijado nuestra posición; que se aplique la muerte civil para los corruptos “dejemos que la justicia haga su trabajo con independencia, libre de presiones, y a quienes se les ha comprobado delito que paguen sus culpas”, dijo la candidata pepesista que va con el número 2 en la Región San Martín.
DATO El 22 de octubre del 2016 el Poder Ejecutivo publicó la denominada ley de muerte civil para funcionarios condenados por delitos de corrupción. Se trata del primer decreto legislativo en materia de lucha anticorrupción.
El Decreto Legislativo N° 1243 modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la administración pública. La norma crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados. De acuerdo a la norma, la inhabilitación principal contra los funcionarios condenados por corrupción se mantiene con una base de 6 meses de duración, pero se extenderá ahora hasta los 20 años.