¿En qué país estamos viviendo? La cárcel para el que maneja el poder económico no es un problema. Tienen seguro que van a salir antes de la prisión preventiva, burlándose de la justicia, como que esta palabra JUSTICIA, está como referente únicamente en el diccionario, y de ahí no pasa, ni mucho menos es aplicado para el castigo ejemplar.
Acaba de burlarse un ex magistrado del Callao, para colmo de la sinvergüencería pidió permiso para irse a su casa por 30 días, y esta podrida justicia que tenemos, le contempló el pedido, y como que haciéndose ver que es estricto con las normas, le concedió solo 20 días. ¿Qué derecho tiene este delincuente de saco y corbata con otro delincuente ranqueado o no que está purgando prisión en la cárcel? ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian? Ambos son delincuentes. La única diferencia es que el de saco y corbata tiene el poder económico y el otro no tiene más que su propia miseria social y económica.
Entonces existen dos justicias frente a un solo delito, que debería ser igual para todo aquel que delinque, y como lógica consecuencia en el Perú, al delito, al asesinato y corrupción, lo llaman faltas y equivocaciones, más no delitos para pagar sus culpas. Ante esta corriente se suman los abogados que defienden lo indefendible únicamente por amor al dinero. No existe abogado que tenga honrados principios de convicción jurídica para rechazar una suma millonaria y defender a un presunto delincuente. Las evidencias contra el presunto delincuente, ladrón o corrupto, existen; pero esto poco importa, y lo que importa es la interpretación para torcer las leyes por el peso de la carga económica que es pagada. Ahí están los famosos árbitros jurídicos que favorecieron a Odebrecht, les espera la cárcel.
Con esta manera mercantilista de interpretar las leyes, el presidente del Tribunal Constitucional, aceptó los recursos de pedido de libertad de Keiko Fujimori, y nada más lo que viene haciendo este impresentable tribuno, es dirimir y discutir con los de más tribunos, para que éstos decidan a su decisión equivocada de él para pretender favorecer a una persona que hizo de la política hasta el último momento en que fuera disuelto el Congreso, el peor negocio de su vida, pensando que a la gente se le puede mover como un simple objeto para beneficios personales, familiares y de grupo.
Menos mal en ese escenario del Tribunal Constitucional existen otros jueces de renombre, que no creo se presten a las maniobras enclenques del jefe del TC, que ya en el reciente pasado, Ollanta Humala, encontró en él su salva vida (que incluía a su mujer), que pese a las evidencias de los supuestos delitos contra este personaje militar que traicionó a la educación y al país en general, le favoreció con una injusta libertad, que esperamos no ocurra esta misma figura con la hija del reo Fujimori.
Porque en libertad esta señora podría hacer mucho más de lo que viene haciendo desde la cárcel, direccionando y quien sabe escribiendo la agenda de sus cachupines políticos condicionales. Y en este contexto, para los fiscales que vienen trabajando la investigación contra esta mujer, su “libertad,” sería una obstrucción a la justicia, y quien sabe estaría en condiciones de huir del país.
En este mismo contexto de jueces nada correctos con la interpretación de las leyes, el mismo proceso electoral del 26 de enero podría estar entrando al terreno hipotético de derrumbarse y favorecer a los candidatos del fujiaprismo que tienen la sinvergüencería de volver a participar en estas contiendas, llámase Martha Chávez y Mulder, para continuar fregando y tratando de tapar tantos delitos de sus compañeros apristas y fujimoristas si acaso son elegidos.
Todo esto puede peligrar porque la entidad electoral (JNE), cuyo jefe es el señor Ticona, que tiene sobrados indicios que está inclinado a la corrupción despejándose las dudas desde la conversación que sostiene con el corrido ex juez Hinostroza. La misma Fiscal de la Nación, sostiene que hay graves indicios que le comprometen a este jefe del Jurado Nacional de Elecciones, que debería dejar ese honroso cargo para que no peligre el proceso electoral.