El 0.1% del presupuesto está dirigido a la atención en salud mental


La Defensoría del Pueblo informó que solo el 0.1% del presupuesto nacional está dirigido a la atención de los problemas de salud mental en el país y el 1% del total asignado al sector salud.

Por tal razón, demandó un plan nacional que contemple cómo abordar la problemática también desde ministerios como los de Educación, Mujer, Trabajo e Interior, entre otros.

Mediante el Balance de la Situación de la Salud Mental en el país, se advirtió la falta la asignación presupuestaria a las regiones para la creación de hogares protegidos para la desinstitucionalización y vida en comunidad de personas con problemas de salud mental en situación de abandono en hospitales y en calles. La institución comprobó que el 80% de población afectada no recibe tratamiento y que más de 600 personas de diversas regiones se encuentran en calidad de institucionalizadas en distintos establecimientos del Minsa, EsSalud y la Beneficencia. Malena Pineda, jefa del Programa de Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo dijo que la nueva Ley de Salud Mental establece un marco de protección, promoción, prevención, atención, rehabilitación e inclusión social de las personas con problemas de salud mental disponiendo la obligación de todo seguro público y privado de cubrir la atención de dicha especialidad entre sus planes.

También la inclusión del tratamiento ambulatorio o el internamiento u hospitalización, así como el acceso a medicamentos y productos sanitarios adecuados y de calidad.

“De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2020 la depresión será la segunda causa de morbilidad a nivel mundial, por lo que es urgente que la prevención de los suicidios y de otros problemas de salud mental sean trabajados con acciones, indicadores y metas claras que involucren a diversos sectores”, agregó.

Vale mencionar que a fines de 2018 la Defensoría del Pueblo presentó el Informe Defensorial N°180: “El derecho a la salud mental. Supervisión nacional de la implementación del modelo de atención comunitaria y el camino a la desinstitucionalización”, que dio cuenta de la supervisión a 122 establecimientos y servicios de salud mental en 25 regiones del ámbito nacional.