El presidente Martín Vizcarra se mostró a favor de que los alcaldes de todo el Perú se comprometan a culminar las obras paralizadas que fueron hechas en gestiones anteriores, dejando de lado “motivos políticos” y priorizando el beneficio de la población.
Durante el Encuentro del Gobierno Nacional y los alcaldes de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), informó que ha conversado con el Contralor General de la República, Nelson Shack, quien le presentó un proyecto de ley para “hacer un corte” en esos proyectos a fin de retomarlos y culminarlos para no perder el presupuesto invertido.
“Cuando uno agarra un proyecto a medio hacer la autoridad asume activos y pasivos, entonces si hay problemas después me involucran y entonces si tienen ese riesgo la dejan paralizada, cuando esa obra ya tiene presupuesto del Estado invertido”, señaló.
Incluso, el jefe de Estado reveló que el pasado martes se reunió con el contralor para pedirle que le entregue el proyecto para que el Ejecutivo -debido a la importancia de esta iniciativa- emita un Decreto de Urgencia para concretar ese pedido, debido a que el Congreso no puede emitir leyes tras su disolución.
“El Contralor se ha comprometido a darle forma a ese proyecto de ley que ellos han hecho -y que se lo alcanzaron al Congreso-, darle forma de decreto de urgencia y alcanzarlo como una iniciativa de Contraloría. Ahí van a tener la herramienta para inyectar presupuesto y en corto plazo tener la ejecución de obras”, precisó.
“El propio Contralor General ha preparado un proyecto de ley para que pasemos un corte. Todo lo anterior (obras) no quiere decir que no lo vemos, y si hay corrupción que se sancione, pero eso es lo anterior. La nueva autoridad la agarra de este momento y la termina con su propio expediente y con su propio presupuesto hasta su culminación”, detalló.
En otro momento, señaló que la corrupción de funcionarios es el principal motivo por el cual la población desconfía de sus autoridades. En ese sentido, destacó que su gobierno está comprometido a trabajar con los alcaldes locales y regionales que garanticen un uso transparente de los recursos que tienen a su cargo.