La jefa del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, Patricia Figueroa, ha desatado una guerra sin cuartel en contra del general EP (r), Carlos Rivera Becerra, superintendente de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (Sucamec). El motivo: Rivera se atrevió a remover a Orlando Chiong de la gerencia general de la Sucamec. De alguna manera, apenas Rivera fue nombrado como Superintendente de Sucamec pisó callos en el sistema de irregularidades que se había establecido en la entidad.
Bueno, sucede que Chiong y otros funcionarios de la entidad tienen la confianza de Figueroa y se desató el conflicto. Algunos reportajes en los medios de comunicación, por ejemplo, se han convertido en parte de esta guerra sin cuartel. Por ejemplo, en un programa dominical, sin sustento alguno, se señaló que la venta legal de las carabinas AR15 es una de las causas del desborde criminal, porque los delincuentes utilizarían dicha arma para cometer atracos. En el reportaje se presentaron imágenes de armas largas que suelen ser de origen militar o policial. El supuesto responsable de esta situación: la Sucamec, no obstante que la venta legal de la AR 15 se autoriza desde 20 años atrás.
La desinformación sobre el tipo de armas y el papel de la Sucamec es parte de esta guerra en el sector Interior. Pero no solo se trata de desinformación. El ministro del Interior, Carlos Morán, ha expedido una resolución ministerial declarando en reorganización la Sucamec. Sin embargo, el titular del Mininter no puede reorganizar la entidad con una resolución ministerial porque la Sucamec se rige por una norma propia y la ley del Poder Ejecutivo. Terrible.
La guerra alrededor de la Sucamec, pues, va en serio. A entender de este portal es una batalla más de los sectores republicanos contra los sectores comunistas y colectivistas que pretenden controlar el Estado. ¿A qué nos referimos? En el sector Interior, desde los tiempos del nadinismo, ha surgido una clara corriente “desarmista” –a favor del desarme de los ciudadanos– que busca prohibir que los civiles porten armas legalmente. Ya se conocen de ocasiones en que se pretendió prohibir el uso de armas a los civiles, sin considerar que solo se favorece a la criminalidad y se desprotege a los ciudadanos, las familias, las empresas y la sociedad civil en general. Vale precisar también que esta corriente desarmista también parte del criterio de que solo el funcionario del Estado debe portar armas legalmente. Una corriente estatalista que nada tiene con ver con las grandes tradiciones republicanas.
Por ejemplo, la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece el derecho de los civiles a portar armas legalmente, reconociendo la tradición libertaria que se gestó en las guerras de Independencia en contra de la Corona Británica. El motivo: sin el derecho a portar armas es decir, sin la milicia estadounidense la Independencia de Estados Unidos no hubiese sido posible.
Por todas estas consideraciones la campaña y los intentos de reorganizar la Sucamec son absurdos e injustificados.