El mes pasado, la Procuraduría Anticorrupción anunció que se efectuó el cobro de S/65 millones a la constructora brasileña por los casos de “La centralita” y “Carretera Carhuaz-Chacas-San Luis”, que involucran al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, actualmente investigado por delito colusión y próximo a recibir sentencia el 11 de junio.
El monto restante, que asciende a S/24 millones (22%), corresponde al pago que deben hacer un grupo de compañías vinculadas a funcionarios del gobierno de Alberto Fujimori durante la década de los 90’. Según el expediente judicial, dichas empresas pertenecían al entorno familiar y amical del general EP (r) José Villanueva Ruesta, ex ministro del Interior y Defensa y ex comandante general del Ejército. Villanueva fue condenado en el 2003 a diez años de prisión por delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito y corrupción de funcionarios.