El uso político más ruin que se le ha dado al suicidio de Alan García ha provenido de parte de quienes han querido aprovechar la conmoción por la tragedia para tratar de tumbarse el proceso anticorrupción en el que el país está embarcado.
Hay que acabar con la judicialización de la política, gritan. Y cabe preguntar cómo se puede aspirar a ello si son precisamente los políticos corruptos los que han desfilado y desfilarán por las denuncias de probada corrupción en su contra.
Hay que acabar con el odio, susurran, despreciando la legítima indignación y furia popular por el maloliente espectáculo de las manos sucias de quienes se han robado los dineros de todos los peruanos para su propio beneficio.
No hay que polarizar, advierten. Cómo no va a polarizar el hecho de que un grupo de valientes fiscales y jueces les siga los pasos y les respire en la nuca a poderosos del mundo de la política y de la empresa, con poder suficiente como para resistir y generar la turbulencia que paradójicamente tanto inquieta a algunos de sus defensores.
La corrupción es una enfermedad de tanta hondura republicana que de la lucha por extirparla nadie saldrá indemne. Pero son costos que deben asumirse y que reportarán inmensos beneficios sociales a futuro. Una sociedad corrupta es el mejor caldo de cultivo para arrebatos políticos.
Hemos advertido desde el inicio (cuando muchos de los que hoy se lamentan aplaudían entusiastas) los eventuales excesos en el proceder de algunos fiscales y jueces. Vemos con preocupación que ello, en lugar de aplacar la sed de justicia del pueblo peruano, pueda alentar el apetito de venganza. Pero a la vez, no nos queda duda alguna de que un peor escenario social y político sobrevendrá si se enseñorea la impunidad en el país. Se trata de corregir los excesos, no de tirarse abajo todo un proceso inédito en nuestra historia.
Inclusive, para hablar específicamente de Alan García, los primeros interesados en que se ahonden las investigaciones sobre él, debieran ser sus allegados y partidarios. Falso homenaje le brindan quienes fariseamente hablan sobre su tumba para pedir que un manto de impunidad se extienda.
¿Acaso la sociedad peruana o las mayorías populares merecen una suerte de acuerdo de “punto final”, un entendimiento entre todas las fuerzas políticas involucradas en la corrupción, con la anuencia de nuestros magistrados, para ocultar las trapacerías y librar de la cárcel a los delincuentes?
Tremenda irresponsabilidad histórica acompaña a quienes, desde el foro político, la iglesia o la vocería mediática, tratan de destruir uno de los pocos islotes de esperanza nacional, que en estos momentos conduce un sistema de justicia capaz de ello justamente porque se ha podido librar de quistes corruptos en su seno. La “mafia judicial” ha sido derrotada y por eso es que hoy en día la impunidad está perdiendo la batalla.
Desataría un horror inimaginable que nuestras clases dirigentes se unan con el propósito de asegurar un pacto de impunidad. Los demonios contenidos hoy en la furia ciudadana se desatarían sin contención y si no en las calles se expresarían, sin parámetros conocidos, en las urnas venideras.