A solicitud del fiscal de Crimen Organizado de Abancay, Jafet Velásquez Delgado, las comunicaciones telefónicas de los hermanos y abogados Frank y Jorge Chávez Sotelo fueron interceptadas desde diciembre hasta pocos días que fueran detenidos, el 19 de marzo. El pedido lo hizo el fiscal Velásquez, luego que recibiera la denuncia de la empresa china MMG contra los Chávez, el 16 de mayo del 2018, a quienes atribuía manipular a las comunidades campesinas adyacentes a la mina Las Bambas.
Los diálogos telefónicos entre los hermanos Chávez Sotelo y los dirigentes de la comunidad de Fuerabamba, a lo que se suman las manifestaciones de colaboradores eficaces, sirven de sustento al fiscal Jafet Velásquez para acusarlos de extorsión en supuesto agravio de la compañía MMG. Aparte de los Chávez Sotelo, también han sido arrestados el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas Paniura, y los coordinadores entre la mina, los campesinos y los abogados, Carlos Vargas Arizaba y Rafael Valdivia Bolívar.
Durante el interrogatorio, los hermanos Chávez Sotelo reconocieron que trabajaban como asesores de la comunidad y que los había contratado Gregorio Rojas. Pero negaron presionar a este y otros dirigentes para extorsionar a la compañía china. El líder comunero Rojas rechazó también las imputaciones y alegó que su detención era parte de la estrategia del gobierno para silenciar la protesta contra MMG.
La comunidad de Fuerabamba reclamaba a la empresa MMG 500 millones de dólares, a cambio de desbloquear la carretera Apurímac-Cusco por donde se transporta el mineral. El dinero, según el documento que los comuneros entregaron a la compañía china, sería una indemnización por daños y perjuicios y responsabilidad civil por el tránsito de los vehículos con minerales.