La Contraloría General reveló que 1633 funcionarios y servidores públicos se encuentran suspendidos o inhabilitados temporalmente para trabajar en el Estado, al contar con una sanción vigente por haber cometido infracciones administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones (periodo enero-noviembre 2018).
Los departamentos con mayor número de funcionarios y servidores con sanción vigente son: Lima (317), Cusco (135), Cajamarca (126), Lambayeque (92), Tumbes (88) , Puno (88) y San Martín (80) Mientras que los departamentos con menor número de sancionados por inconducta funcional son: Callao (7), Madre de Dios (9), Moquegua (10), Ica (11) y Áncash (21).
De acuerdo a la gravedad de la infracción administrativa, los sancionados pueden ser suspendidos temporalmente para trabajar en el Estado desde 30 hasta 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de uno a cinco años.
Entre las infracciones administrativas más frecuentes figuran:
• Actuar parcializadamente, en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.
• Incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado.
• Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo.
Sanciones vigentes
En el periodo enero-noviembre del 2018, se registraron 1823 sanciones administras vigentes inscritas que comprenden a 1633 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional. Algunos de ellos cuentan con dos o más sanciones administrativas vigentes.
Del total de sanciones vigentes, el 96.2% (1754) son de inhabilitación para trabajar en el Estado y el 3.8% (69) corresponden a suspensión temporal para ejercer la función pública. Para efectivizar las sanciones administrativas y salvaguardar los recursos públicos, la Contraloría General ha presentado una iniciativa legislativa que incorpora como causales de vacancia de autoridades regionales y locales, la imposición de una sanción firme por parte la Entidad Fiscalizadora Superior.
Según dicho proyecto de ley, la vacancia procederá cuando el plazo de la sanción administrativa impuesta a la autoridad regional o local sea igual o mayor al período que le resta de su mandato; mientras que la suspensión procederá si la sanción es menor al período en referencia.
La iniciativa se aplicará para el cargo de gobernador, vicegobernador y consejero regional; así como alcalde o regidor.