La Comisión de Vivienda y Construcción aprobó, por unanimidad, el dictamen del proyecto de ley que crea el bono de arrendamiento para vivienda, como un subsidio para el arriendo de casas y la generación de ahorro para el acceso a las mismas.
Este bono es parte de la política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que otorgará con periodicidad mensual y por un tiempo máximo de cinco años, con criterio de utilidad pública.
El bono se conferirá sin cargo de restitución por parte de los beneficiarios y constituye un incentivo de ahorro para promover el acceso a la vivienda y a la mejora de las condiciones de habitabilidad.
Un porcentaje de el se destinará para cubrir el pago de arriendo de la vivienda, otro porcentaje restante se consignará a formar parte del ahorro orientado al pago de la cuota inicial o una parte para la adquisición de una vivienda.
El desembolso del ahorro se realizará al culminar el plazo máximo del otorgamiento del bono de arrendamiento para vivienda, esto es a los cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento. El desembolso se realizará a través del Fondo Mivivienda.
De otro lado, la Comisión de Vivienda, con la presidencia del congresista Edgar Ocho Pezo (NP) también sancionó, por unanimidad, el proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la descolmatación, construcción de muros de contención y techado del río Torococha, ubicado en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, Puno.
También se considera la formación de una Comisión Multisectorial para la prevención y recuperación ambiental de la cuenca del lago Titicaca y sus afluentes.
En la sesión realizada en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo, la congresista María Melgarejo Páucar sustentó el proyecto de ley que deroga el decreto ley 11073 para restituir, tomar posesión y la posesión del Fundo Santa Catalina a favor de la municipalidad provincial de Yungay.
Dijo que el proyecto de ley cuenta con el apoyo de las diferentes bancadas y, lo más importante, es respaldado por el pueblo yungaino, que exige la restitución de ese monumento histórico que se encuentra abandonado por la actual administración a cargo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).