Aportes de partidos deberán recibirse a través del sistema financiero


MARTÍN VIZCARRA Y CÉSAR VILLANUEVA EN CAMINO AL CONGRESO

El presidente de la República Martín Vizcarra presentó al Congreso el proyecto de ley de 3186/2018-PE llamado Ley de Reforma Constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas, en el que se pide que se modifique el artículo 35 de la Constitución Política.

Así, se incorpora que las organizaciones políticas están obligadas a rendir cuentas sobre sus ingresos y gastos en periodo ordinario y durante la campaña electoral.

“Los aportes deben recibirse a través del sistema financiero, conforme a ley. Los aportes no declarados por las organizaciones políticas se presumen de fuente prohibida. Además de recibir aportes privados con los topes y modalidades establecidos por ley, solo pueden recibir fondos públicos producto del financiamiento público directo e indirecto”, añade

Asimismo, se precisa que las organizaciones políticas están prohibidas de recibir, de manera directa o indirecta, aportes anónimos, de origen ilícito o de personas naturales condenadas por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado, según la ley.

El Ejecutivo sostiene que las organizaciones políticas (partidos y movimientos regionales) son asociaciones que requieren, como toda agrupación organizada, dinero para financiar sus actividades, pero considera que dado que sus representantes asumen cargos de elección popular, en los diferentes niveles de gobierno, estos de tener un manejo de sus finanzas de manera transparente a la ciudadanía.

No obstante, en los últimos meses se ha podido detectar una relación entre el financiamiento político y la corrupción. “Se coincide, entonces, con planteamientos que reconocen la importancia de contar con fondos, pero se hace necesario incorporar pautas de transparencia, para evitar corrupción”, sostienen.

De esta manera, indican que, no se trata de negar la importancia que para la vigencia de un sistema democrático tiene el hecho de poder contar con un régimen de financiamiento (público y privado) que le permita a los partidos políticos disponer de los recursos adecuados para llevar a cabo sus funciones de manera satisfactoria.

Por el contrario, proponen avanzar en dirección a lograr una reducción de la influencia del dinero en la política, al mismo tiempo que la necesidad de encontrar métodos más democráticos y transparentes que impidan o dificulten, al máximo posible, que el financiamiento político no degenere patológicamente, como ocurre actualmente en muchos países, en tráfico de influencias y corrupción.