Sorprende la escasa atención que los tomadores de decisiones, encabezados por el Gobierno, están prestando a uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el Perú de hoy: la inaceptable cifra de niños en pobreza con las consiguientes dificultades para invertir esta tendencia por las ineficiencias de nuestro sistema vigente de protección social.
Hoy, un número importante de menores en nuestro país no tiene acceso a derechos básicos, por ello, creo que ha llegado el momento de tomarse en serio las políticas de niñez. No con intervenciones aisladas y de escaso impacto. Son necesarios, ya mismo y con el concurso de todos, programas de inclusión social reales que acompañen a las familias en crisis. Debemos incorporar, en la formulación de políticas para la infancia, una visión integral y de largo alcance que comience por garantizar que nuestros niños podrán, al menos, desarrollar un proyecto de vida digna.
Es sabido es que los procesos formativos más importantes del individuo, físicos y psicológicos, se desarrollan a lo largo de la primera infancia. Por ello, una adecuada alimentación, acompañada de los estímulos apropiados y del acceso a la salud y a la educación son elementos necesarios para que el niño pueda afrontar el futuro con garantías.
No debe estar en tela de juicio la afirmación sobre la importancia que tiene la actividad minera responsable como generador de la demanda efectiva en la economía peruana. Es decir, genera los ingresos que permiten poder de compra a los diversos sectores, a las empresas proveedoras de bienes y servicios, a los trabajadores directos e indirectos, y al propio Estado que percibe fundamentalmente el Impuesto a la Renta, luego de una serie de deducciones, que convierten este recurso fiscal en un ingreso franciscano.
Todo proyecto demanda electricidad, combustibles, vías de comunicación, cemento, ladrillo, y sobre todo fuerza de trabajo, de técnicos, ingenieros y de una serie de profesionales ligados al sector; pero ese efecto no ha llegado a los más necesitados en nuestro país; durante las dos últimas décadas la redistribución del canon no ha tenido uso ni efecto positivo en las poblaciones apartadas del país.
Este es uno de los motivos por lo que la percepción que se tiene de la actividad minera es crítica, negativa, en razón de los pasivos no resueltos que se han heredado, y la corrupción imperante en cada gobierno de turno. Al daño ambiental que hasta mediados de los años noventa no tenían regulación alguna ni existían los llamados programas de remediación ambiental, se suma el problema de la distribución del agua, donde se reproduce un falso debate entre la prioridad del recurso hídrico para la agricultura o minería.
La existencia de círculos de riqueza en medio de la pobreza campesina despierta expectativas frente a un Estado ausente, incapaz de resolver los derechos a una educación y salud. La falta de comunicaciones, infraestructura al interior de nuestras provincias, la inseguridad ciudadana, hace que nuestra producción agraria se castigue con precios deprimidos.
Mientras tanto en medio de las carencias seguimos en una discusión de la neurosis-política sin que el gobierno tome las medidas y acciones de fondo.