Fecha: 11 de junio, 2018 - 3:45 am

Consecuencia de los actos


El semana pasada, conocíamos la sentencia adelantada del alcalde de Soritor y exfuncionarios de ese distrito, de 6 años de prisión efectiva por haber otorgado la buena pro, en la primera gestión de Josué Jara Acuña, a una empresa que recién se constituyó después del proceso de licitación.

El abogado del alcalde ha indicado que apelará la sentencia por considerarla abusiva, ya que el alcalde solo había firmado, dando conformidad, los documentos de la licitación; sin embargo, es sabido que los alcaldes al firmar cualquier documento ya tienen responsabilidad, pues están dando el visto bueno de un proceso, en este caso, a todas luces irregular.
La consecuencias de los actos administrativos, deben asumir los funcionarios de la entidades públicas, además, por más que sean preparados por persona de confianza, es sumanente importante que conozcan lo que firman, aunque en este caso, dudo que el alcalde no hay sabido del hecho.

La Contraloría había presentado el 2016 un informe denominado Operación Verde, e incluía este caso por el que hoy están en prisión tres personas, faltando uno que huyó de la sala de audiencias del Poder Judicial indicando que iba a los servicios higiénicos.

Los funcionarios públicos deben entender que el uso de los dineros del Estado deben hacerse con responsabilidad, ya bastante tenemos con conocer cada semana cómo es que en el Legislativo y otras instituciones los presupuestos casi siempre se sobrevalúan y afecta obviamente a los peruanos que pagamos nuestros impuestos.

No es que se quiera la cárcel para alguien, el tema es que desde el Ministerio Público y el Poder Judicial, las investigaciones deben acelerarse, pues a pesar de haber muchos casos, es importante que vayamos limpiando la casa.